El bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso busca encontrarle una salida a la situación que viven los deudores de los créditos hipotecarios que se ajustan por inflación.
Hace unos días, más precisamente a principios de mayo, los miembros de la comisión que conduce la senadora radical Silvia Elías de Pérez discutieron dos iniciativas presentadas por sus pares Julio Cobos y Mario Fiad, del interbloque de Juntos por el Cambio y coincidieron en la necesidad de renegociar los contratos.
El primero de los proyectos, cuyo autor es el mendocino Cobos, prevé que las entidades financieras ofrezcan la posibilidad de renegociación de contratos de créditos para la adquisición, construcción o ampliación de vivienda única, con cláusula de ajuste en UVA, y sostuvo que la clave es crear un fondo estabilizador para absorber la diferencia de lo que se adeuda.
También propone que se suspendan las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA para vivienda única familiar por el término de un año.
La segunda iniciativa, presentada por el senador Fiad, busca la regulación de las operaciones enmarcadas en los sistemas de créditos con capital ajustable UVA y UVI (Unidad de Vivienda) previstas en las leyes 25.827 y 27.271 y propone que las actualizaciones se realicen mediante la aplicación del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) suministrado por el Ministerio de Trabajo.
También indica que la cuota mensual resultante no debe exceder el 35 por ciento del ingreso del grupo familiar del deudor y dispone la suspensión por seis meses de las ejecuciones hipotecarias de viviendas adquiridas bajo la modalidad contemplada en la presente ley.
Pero ahora fueron los diputados del Pro los que decidieron avanzar en esta línea y ayer presentaron un proyecto de ley para crear un régimen de reconversión de créditos hipotecarios UVA y UVI que se ajustan por inflación.
Según explicaron desde el bloque que conduce Cristian Ritondo, los legisladores presentaron un proyecto en el que el ajuste de las cuotas, de ahora en más, se efectúe por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Asimismo, promueven que el monto mensual a abonar no exceda el 30% del ingreso actual del deudor y que se suspenda por 365 días cualquier tipo de ejecución judicial o extrajudicial por incumplimiento en los pagos.
La iniciativa da cuenta que, de acuerdo a información suministrada por el Banco Central, “en la actualidad hay 103.609 créditos UVA, otorgados a personas humanas en el sistema financiero. 73% generadas por bancos públicos, 16% por privados nacionales y 11% por privados extranjeros. Por ello, resulta imperioso brindar una solución definitiva a miles de familias argentinas que conviven, desde hace mucho tiempo, con angustia y temor a perder su hogar”.
El proyecto establece que la medida, en caso de obtener aprobación, tendrá carácter retroactivo, quedando afectadas todas las operaciones relacionadas con viviendas únicas de ocupación permanente.
Otro de los estímulos del proyecto especifica que “a los fines de generar un equilibrio contractual entre los tomadores de créditos hipotecarios comprendidos en la presente ley y las entidades financieras, se establece el congelamiento del monto del capital adeudado”. Por lo que, en tal supuesto, “debe descontarse del capital adeudado la amortización causada por el pago mensual de las cuotas”.
Finalmente, los legisladores de la bancada opositora promueven la creación del Registro Nacional de Tomadores de Créditos Hipotecarios otorgados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI), bajo la órbita de la Autoridad de Aplicación que determinará el Poder Ejecutivo, a los fines de evaluar y resolver la situación social, económica y financiera de deudores y codeudores.
Acompañan con su firma el presente proyecto Cristian Ritondo, Mercedes Joury, Alicia Fregonese, Jorge Enríquez, Martín Medina, Dina Rezinovsky, Ignacio Torres, Adriana Cáceres, Héctor Stefani, Martín Maquieyra, María Luján Rey, David Schlereth, Alberto Asseff, Soher El Sukaria y Álvaro González.
La morosidad de estos créditos hipotecarios ronda el 0,25% del total y los bancos -públicos y privados- hasta ahora han optado por acordar condiciones para quienes tienen dificultades para pagar las cuotas, sobre todo desde el descongelamiento de las mismas en febrero pasado, mientras el Gobierno analiza si adopta una decisión general o deja que decida el Congreso.
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