Tal como estaba previsto, el Gobierno extendió la vigencia de la ley de Biocombustibles, la cual iba a vencer el próximo 12 de mayo, por otros 60 días o hasta que surja una norma nueva que la reemplace. La medida fue confirmada mediante el Decreto 322/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El régimen establece, entre otras cosas, una estructura de beneficios y promociones para las empresas radicadas en el interior del país, y también un piso de corte de biocombustible que obliga a las petroleras a cumplir con un límite del 10% en diésel con mezcla de soja y del 12% en naftas con bioetanol de caña y maíz.
La prórroga de esta normativa se dio debido a que el Congreso de la Nación todavía no sancionó la nueva iniciativa relacionada con esta materia que es impulsada por el oficialismo y que propone un nuevo marco regulatorio con un corte del 5% para el biodiésel y la posibilidad de reducirlo hasta un 3 por ciento.
De hecho, el Decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, aclara que este mecanismo seguirá rigiendo “hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, lo que ocurra primero”.
En el caso del bioetanol, el proyecto del diputado por Santa Fe, Marcos Cleri, plantea que se mantenga el corte en un 12%, mientras que para la caña de azúcar seguirá siendo del 6%, al igual que para el maíz. Por último, se propone que solamente en el caso del maíz, la Secretaría de Energía podrá reducir el corte a un 3 por ciento.
Sin embargo, con la nueva ley se mantendrían los beneficios impositivos para los biocombustibles, que seguirán sin tributar el impuesto al dióxido de carbono y el impuesto a los combustibles. En 15 años este esquema tuvo un débito fiscal de 6.000 millones de dólares por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de 1.400 millones de dólares por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno.
Días atrás, durante su visita a la provincia de Tucumán, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, confirmó la decisión de extender provisoriamente la vigente ley. Así lo anunció luego de compartir una jornada de trabajo con el Gobernador Juan Manzur, donde supervisaron la implementación de diferentes iniciativas de eficiencia energética por parte de la Empresa de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Tucumán (EDET) y se interiorizaron sobre la producción de bioetanol en dos ingenios azucareros.
“Estamos trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen, hay que ser respetuoso del Poder Legislativo, pero entendemos que habrá una nueva ley que contempla el corte de bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y protege las pymes”, había anticipado Martínez.
Para el funcionario, es “un tema importante para la región y para el país hablar” sobre esta prórroga y sobre la nueva ley, a partir de la cual “el corte con bioetanol con caña de azúcar quedará todo incluido, para llevar tranquilidad a esos puestos de trabajo”.
El proyecto del diputado Cleri también propone que “cuando las condiciones del mercado lo permitan”, la Secretaría de Energía podrá prohibir la importación de combustibles para que en su reemplazo se utilice biodiésel o bioetanol, lo cual llevará a incrementar la cantidad de biocombustible y, por ser un producto más caro, aumentar el precio de los combustibles en las estaciones de servicio.
Entre los considerandos del Decreto publicado este lunes, el Gobierno señaló que “cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley” que busca aprobar el mencionado “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, en el que se definirá “el nuevo rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país”.
Por esta razón, las autoridades nacionales remarcaron que, “con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario” de esa iniciativa y “sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión”, corresponde permitir “de este modo la continuidad temporaria del régimen hasta ahora vigente”, por lo que era “necesario extender el plazo originalmente previsto”.
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