Nuevo monitoreo de precios y abastecimiento: crece la preocupación en las empresas por la mayor intervención del Gobierno

La decisión del Gobierno de implementar un nuevo sistema que obliga a las empresas a presentar mensualmente información detallada sobre precios, cantidades vendidas y stock disponible sorprendió a las compañías de sectores como consumo masivo y construcción, que se enteraron de la medida unas horas antes de su publicación en el Boletín Oficial.

Consultadas por Infobae, desde grandes firmas de consumo masivo y el sector de la construcción aseguraron que aún están analizando cuál es el alcance de este nuevo sistema, pero advirtieron sobre un mayor avance e intervención del Gobierno en los controles de las empresas.

Sin embargo, la principal preocupación es que nuevamente el Gobierno apela a la aplicación de la Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974 y modificada en 2014. El nuevo Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) fue creado por la Secretaría de Comercio Interior en el marco de esa ley.

“La Ley de Abastecimiento siempre es un punto que genera preocupación. Nos pone un poco molestos. Hay empresas que estamos trabajando al máximo de la capacidad productiva pero tenemos aún al 20% o 25% del personal licenciado y no se puede suponer que en este momento podemos estar al nivel prepandemia. No hay un marcado faltante, pero cuando vas bajando en la cadena, en la distribución y comercialización, los márgenes se disparan”, señaló a Infobae el presidente de una de las empresas del sector de la construcción.

“Hay que ver qué objetivos tiene este nuevo mecanismo de control. No sabemos cuál es la intención. Las empresas ya brindan esa información a la Secretaría de Comercio. No veo que sea algo distinto y este camino ya lo hemos recorrido infinidad de veces. La supervisión ya ha existido en diferentes modalidades y en distintos gobiernos. Creo que el problema está en otro lugar”, agregó.

Esta semana, un día antes de la implementación del nuevo sistema de información, las autoridades de Comercio Interior se habían reunido con 12 empresas del sector de la construcción. Si bien en el encuentro les transmitieron que había una necesidad de supervisar más la cadena de distribución y los comercios donde se generaban aumentos en los precios finales, no se hizo ninguna mención sobre la creación del Sipre, que se daría a conocer apenas un día después.

“En el mundo existen las leyes de competencia y de lealtad comercial. Acá parece que hay que poner otros elementos o amenazar con la Ley de Abastecimiento y avanzar pidiendo todo este tipo de datos que, en el caso de la industria de la alimentación, ya la tienen porque la política de control de precios que existe sobre la alimentación es permanente”, señaló Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), en declaraciones a Radio Mitre.

Desde la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, explicaron que se estableció el Sipre con el objetivo de “transparentar” la cadena de comercialización de bienes en el mercado interno.

“El espíritu del Sipre es obtener información para evitar desequilibrios en la cadena de comercialización entre los distintos eslabones que la componen y prevenir faltantes de productos e incrementos injustificados de precios que afectan la economía de los hogares argentinos”, detallaron en un comunicado.

“Es información que la Secretaría ya venía pidiendo a las empresas individualmente, pero ahora la estandarizan y tiene una periodicidad mensual. De todos modos, genera más burocracia para las empresas y un avance claro de la Secretaría en los controles”, señalaron desde una de las grandes empresas productoras de alimentos.

“Acá el tema delicado es que nuevamente ponen en la mesa la Ley de Abastecimiento. Por ahora se trata de más controles, más intervencionismo y más burocracia”, advirtieron.

A través del Sipre, las empresas deberán informar mensualmente, bajo declaración jurada, los precios promedio de venta vigente de sus productos, las cantidades vendidas y el stock disponible. La medida, según indicaron, alcanza únicamente a las grandes empresas.

Deberán aportar esta información compañías del sector de la construcción que facturen más de $965 millones por año; las del sector comercio que facturen más de $2.602 millones; y las dedicadas a la actividad industrial que registren una facturación anual mayor de $2.540 millones.

“Hay molestia por tanta intervención. Pero también vemos un lado bueno que es que el Gobierno va a poder comprobar cuánto crecieron nuestros costos, que están por arriba del 45%, mientras nos aprueban subas para los precios máximos de apenas 10%”, señalaron en una de las principales firmas de consumo masivo. Y aclararon que ya vienen brindando toda esa información a la Secretaría de Comercio Interior.

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