En la medida que se expanden los montos que el Gobierno destina a la asistencia social y se multiplican los planes, el debate sobre el impacto que la ayuda estatal tiene sobre la oferta de empleo es cada vez más intenso. La discusión arrastra varios años y el contexto de la pandemia, que obligó a reforzar la red de contención social, combinada con un alto nivel de presión impositiva sobre los trabajadores formales, la exacerbó. Pero, ¿qué hay de cierto en que los planes sociales atentan contra la voluntad de los beneficiarios de buscar empleo? En otras palabras, ¿es verdad o no que hay quienes prefieren cobrar un plan a trabajar?
Aunque la reciente expansión de los programas de transferencias monetarias en los países en vías de desarrollo, particularmente América latina, profundizó el debate sobre sus efectos sobre la formalidad laboral, la evidencia empírica sobre este tema específico es limitada. Sin embargo, un estudio reciente elaborado en el marco de la crisis del coronavirus, confirma la sospecha: los planes sociales afectan el empleo. Aunque debe aclararse que ese efecto es limitado y recae sobre un sector también acotado de los beneficiarios.
La investigación fue desarrollada por el subdirector del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Guillermo Cruces, junto a Marcelo Bragnolo, profesor adjunto del Instituto de Economía (IECON) de la Universidad de la República, de Uruguay. Publicada a principios de febrero, concluye que “los programas de transferencias monetarias en los países en desarrollo pueden generar desincentivos para el empleo registrado, pero las consecuencias de la eficiencia pueden ser relativamente pequeñas”. Esto significa, explican los autores, que existen efectos concretos que pueden desalentar a un beneficiario a entrar al mercado laboral formal pero que esos efectos, al menos en el caso del programa analizado, son de alcance relativamente menor.
El caso de estudio que derivó en esta conclusión fue el programa uruguayo de asignaciones familiares (AFAM) destinado a niños y mujeres embarazadas, equivalente según los autores, a la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en la Argentina, a la que le atribuyen impactos similares. De hecho, el trabajo destaca que si bien algunas de estas implicaciones son específicas del programa analizado, “el mensaje general de que las transferencias monetarias y sus reglas de elegibilidad deben evitar tanto discontinuidades bruscas como altas tasas impositivas implícitas, se aplica a otros contextos”. Se refiere así esencialmente al umbral de ingresos definido para participar o no del programa y a la carga adicional implícita que supondría esos parámetros para un trabajo formal.
Titulado “Alto empleo informal y desincentivos: la anatomía de las respuestas conductuales a la asistencia social en Uruguay”, el trabajo plantea el ejemplo concreto de las madres solteras: “El umbral de elegibilidad de ingresos de AFAM genera un gran desincentivo para trabajar formalmente. Por ejemplo, para las madres solteras elegibles con un hijo, implicaría una tasa impositiva implícita adicional sobre el empleo registrado del 12,2%. Esta pérdida implícita se debe a la pérdida de la transferencia de efectivo del programa si sus ingresos del empleo formal superaron el umbral de ingresos”.
De ahí que los investigadores recomiendan que el diseño de los programas de bienestar social contemplen mecanismos de transición entre el plan y el empleo, con el objetivo de mitigar el contra estímulo a ingresar al mercado laboral. Esos esquemas pueden llegar a ser un desafío en la Argentina donde, particularmente los destinatarios de la AUH suelen ser beneficiarios de asistencia adicional.
Otro hallazgo de los investigadores es que la reducción del empleo registrado es más marcada entre las personas que tienen una propensión media a tener un empleo formal y es aún más fuerte para las madres solteras en este grupo. “En contraste, el impacto sobre aquellos que tienen una baja o alta propensión a tener un empleo formal es sustancialmente menor que el efecto promedio, probablemente porque estos individuos no estarían empleados formal o informalmente independientemente de su participación en el plan”, establece. Es decir, prácticamente la asistencia social no tiene impacto entre quienes elegirían sumarse al mercado laboral de todos modos y entre aquellos que prácticamente no tienen ninguna oportunidad de trabajo.
En ese sentido, los investigadores aconsejan “introducir correcciones para perfeccionar el funcionamiento de los programas, de manera que tal que el acceso a un empleo registrado no implique pérdidas del ingreso total”.
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