La provincia de Jujuy dijo haber llegado a un principio de acuerdo con un grupo Ad Hoc de bonistas representado por VR Advisory Services Ltd. con respecto a ciertas enmiendas propuestas a los términos del monto principal total de USD 210 millones de las Obligaciones Negociables al 8,625%, con vencimiento en 2022.
El Grupo Ad Hoc tiene tenencias agregadas de Obligaciones Negociables que representan más del 50% de las Obligaciones Negociables en circulación.
El acuerdo en principio contempla que Jujuy lance formalmente una solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores elegibles de bonos para obtener los avales requeridos bajo contrato, de manera de poder efectuar las enmiendas propuestas.
En tanto, el Grupo Ad Hoc apoyará la propuesta de la provincia de enmendar las notas mediante la presentación de su consentimiento.
Las enmiendas propuestas son el producto de negociaciones constructivas entre la provincia de Jujuy y el Grupo Ad Hoc y proporcionarán el alivio de la deuda apropiado en forma de reducciones de cupones y redefinición de los vencimientos para ayudar a Jujuy a enfrentar los desafíos del Covid-19.
El gobierno de Jujuy espera lanzar formalmente la solicitud de consentimiento tan pronto como sea posible después de obtener ciertas aprobaciones gubernamentales y finalizar la documentación habitual.gún el contrato que rige los bonos, las enmiendas propuestas requieren el consentimiento de los tenedores elegibles que representen el 75% o más de los bonos en circulación.
Si la solicitud de consentimiento se consuma con éxito, se espera que los términos de las Obligaciones Negociables enmendadas proporcionen a la provincia un alivio significativo del servicio de la deuda en forma de reducciones de cupones y reprogramación de vencimientos.
Jujuy contrató a BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc. para actuar como agentes de solicitud y Global Bondholder Services Corporation para actuar como agente de información y tabulación en la solicitud de consentimiento.
Cabe recordar que siete provincias buscan reestructurar deudas con acreedores privados por USD 8.918 millones, un proceso largo y tenso en el que se aliaron para coordinar estrategias ante inversores internacionales que en algunos casos ya avanzan con acciones legales.
Desde que Argentina iniciara en abril de 2020 negociaciones con acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por USD 63.375 millones- que finalmente concluyeron con un canje en septiembre pasado-, doce de las 24 provincias iniciaron procesos con vistas a refinanciar bonos internacionales.
Cinco de ellas (Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Río Negro) ya concluyeron las tratativas con éxito y lograron reestructurar deudas por un total de USD 3.892,7 millones, pero otras siete aún no lo consiguieron.
En cinco de estos casos (Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Salta y Tierra del Fuego) los gobiernos provinciales iniciaron conversaciones con grupos de acreedores pero todavía no formalizaron una propuesta de reestructuración.
A la hora de plantear su necesidad de reestructurar deudas, casi todas las provincias alegaron estar en una situación financiera crítica, tras dos años de recesión económica que se profundizó drásticamente en 2020 por la pandemia de covid-19.
La calificadora de riesgo Moddy’s dijo en un reciente informe que su perspectiva de este año para los gobiernos regionales del país sigue siendo negativa, debido a una liquidez limitada y continuas dificultades del entorno operativo, aun cuando espera que la economía se recupere el 5,2 por ciento.
Moody’s advirtió que la capacidad de las provincias para cumplir con sus obligaciones futuras seguirá siendo limitada en 2021 y que el acotado acceso a financiación restringe incluso a futuro el pago de deudas ya reestructuradas.
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