Los precios de la carne vacuna aumentaron el doble que la inflación durante 2020

En medio de un incipiente conflicto con el campo por el cierre de las exportaciones de maíz, el Gobierno argumenta que la medida se tomó para asegurar el alimento para los animales del mercado interno y, de esa manera, lograr contener los precios internos de la carne. Más allá de la validez o no que tenga esa posición oficial, un trabajo del IERAL de la Fundación Mediterránea señala que los cortes de la carne se incrementaron durante el 2020 hasta el doble de la inflación.

Según el estudio, a nivel del consumidor final, los cortes de carne bovina se ubicaron en diciembre 2020 un 74% arriba de los valores del mismo mes del 2019 (contra una inflación punta a punta del 36%); la carne aviar un 58% arriba (pollo entero) y la carne porcina un 59%. Esto significa que, en términos reales, hubo incrementos importantes en todos los casos: +28% carne bovina, +16% carne aviar y +17% carne porcina.

Esta suba no necesariamente estuvo relacionada con la escasez del producto ya que, de acuerdo a datos oficiales y estimaciones propias del Ieral, la producción de las tres carnes habría llegado a 6,04 millones de toneladas, unos 133,6 kilos promedio por habitante, mientras que las exportaciones fueron de 1,19 millones (26,4 kilos per cápita).

Con estos números, el trabajo realizado por el economista Juan Manuel Garzón señala que estos valores, tanto los absolutos como los relativos (volúmenes por habitante), “son levemente superiores a los del 2019 pero además son niveles récord de los últimos 40 años; desde mediados de la década de los 70 hasta el presente, nunca habíamos producido ni exportado tanta proteína animal”.

Aunque el sector incrementó su producción y su exportación, los precios aumentaron por arriba de la inflación, en contraposición con los salarios que no siguieron el mismo ritmo. Así, el salario mensual promedio de la economía (sector privado formal) del 2020 permitió comprar 156 kilos de carne bovina, un 9,7% menos que en el 2019. Además, esta relación desmejoró sensiblemente hacia finales de año: se estima que en diciembre de 2020 el salario medio podía comprar 133 kilos de carne bovina, un 20% menos que en diciembre del 2019.

Esto repercutió en el consumo, que está en su mínimo histórico. Los segmentos de clases media y baja que permanecen activos en el mercado se encuentran seguramente al límite de su capacidad de pago. “Tampoco parece haber mucho margen para absorber otra ronda de subas importantes de precios”, explica el trabajo.

Para los especialistas de la Fundación Mediterránea esta suba generalizada de los precios acompañada por un ajuste en los salarios de los sectores medios y medios bajos impactará en las políticas públicas.

En el día que comenzó el lockout patronal en contra de la medida del cierre de las exportaciones de maíz, el informe hace referencia a que más allá de la discusión económica hay “una variable que no se ha mencionado hasta aquí, determinante y con potencia para alterar todos los equilibrios del mercado, que es la política pública”.

A partir de esto, el trabajo que también lleva la firma de Nicolás Torre explica que “es de esperar, por antecedentes y contexto (año de elecciones), una interferencia creciente por parte del gobierno en los mercados de carne, que apunte a contener o restringir volúmenes de exportación. De efectivizarse, esta intervención no sería una buena noticia. Si bien podría tener efecto y ayudar a estabilizar (y hasta reducir) precios en el corto plazo (vía re-direccionamiento de volúmenes hacia el mercado interno), sus efectos de mediano y largo plazos serían justamente los contrarios (precios más altos por caída de inversión y producción)”.

“No debe perderse de vista que un mercado que es intervenido (cualquiera sea el producto) pasa a ofrecer un menor retorno para quienes producen (hay un efecto de expropiación, una transferencia de recursos desde la producción hacia otro actor, que dependiendo del instrumento de intervención, podrá ser el Estado, los intermediarios comerciales u otros) y además un mayor riesgo (la intervención puede profundizarse, pueden aparecer nuevas exigencias legales, etc.); este menor retorno y el mayor riesgo se conjugan para conformar un escenario que tiene inexorablemente un costo en términos de inversiones, éstas se reducen y ralentizan, y de ese modo se va comprometiendo la capacidad productiva futura, hasta que, más temprano o más tarde, los efectos contrarios de la medida (menor producción, mayores precios) pasan a dominar el mercado”, concluyó el trabajo de la Fundación Mediterránea.

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