Impuesto a las Leliq: la Procuración avaló la competencia de la Corte en el reclamo del Banco Central contra el gobierno porteño

La Procuración General de la Nación emitió un dictamen en el que avala la posición del Banco Central en su batalla legal contra la Ciudad de Buenos Aires por la decisión del Gobierno porteño de gravar a las Leliq con Ingresos Brutos. Este mes la autoridad monetaria presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que alega que la medida del distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta es inconstitucional. El dictamen del Ministerio Público Fiscal entiende que el conflicto es competencia del máximo tribunal y, aunque no es vinculante, es un argumento que pueden citar los magistrados para tratar en forma directa al tema.

La pelea entre el Banco Central y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una derivación de la decisión del presidente de la nación, Alberto Fernández, de quitarle a la capital cerca de 2 puntos de coparticipación. Como una manera de recuperar parte de los recursos perdidos, la Ciudad optó por gravar a las Leliq con una alícuota del 8% en concepto de Ingresos Brutos.

Después de una quita inicial por decreto que transfirió del distrito porteño a la gobernación provincial de Axel Kicillof una masa de recursos para financiar el aumento salarial de la policía bonaerense y redujo de 3,50 a 2,32% la coparticipación porteña, y de un posterior proyecto de ley, ya aprobado por el Congreso, que la redujo aún más, a 1,40%, el gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta anunció una serie de recortes de gastos y aumento de impuestos, como la aplicación del impuesto de Sellos sobre los saldos de tarjetas de crédito y de Ingresos Brutos sobre los intereses de las Leliq y los Pases.

Las Letras de Liquidez (Leliq) son el principal instrumento de regulación monetaria con el que cuenta el BCRA. A través de licitaciones periódicas de esos papeles la entidad conducida por Miguel Pesce capta los excedentes de pesos que los bancos tienen en su poder y no logran colocar en forma de préstamos, a cambio de una tasa. De esa manera, el banco puede definir cuánto dinero circula en la economía.

Al gravar con Ingresos Brutos a la tasa que paga el BCRA a los bancos, el rendimiento de esas colocaciones cae para las entidades que colocan sus excedentes de liquidez. Es decir, reduce la tasa efectiva que paga la entidad. Y, aunque ya distintos distritos supieron cobrar Ingresos Brutos a instrumentos de regulación monetaria, lleva a Pesce a argumentar que el gobierno Porteño afecta la política monetaria.

El dictamen de la procuración -que lleva la firma de Laura Mercedes Monti- es resultado de una consulta habitual de la Corte Suprema respecto de su competencia y, si bien no es vinculante, suele formar parte de los argumentos del máximo tribunal una vez expedido. La opinión del Ministerio Público Fiscal es que a la Corte le corresponde la competencia original en el litigio.

Y aunque la Corte no tiene por qué hacer suya la opinión de la Procuración, una negativa en esta instancia suele ser un revés importante. Si la Corte coincide con el dictamen, el BCRA se ahorra un trayecto tedioso para su medida cautelar que implicaría hacerla pasar por un juez contencioso de primera instancia, luego por la Cámara y, más tarde, a la Corte Suprema.

La presentación del BCRA se basa en que una ley de jurisdicción provincial (el Presupuesto porteño, que eliminó la exención sobre los instrumentos de política monetaria; también la ley Tarifaria) estaría obstruyendo las decisiones derivadas de una ley nacional, la 24.144, que en 2012 reformó la Carta Orgánica del Central.

En cambio, el Gobierno porteño argumenta que la exención de Ingresos Brutos ya había sido eliminada por las provincias de Tucumán, Córdoba, San Luis, Salta y Misiones sin ninguna reacción por parte del BCRA.

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