Un reciente estudio de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA, próxima al gobierno de Alberto Fernández) estimó que hacia septiembre de este año se habían perdido 220.000 empleos privados registrados, pese a ser éste el tipo de empleo más protegido por las regulaciones del gobierno.
Las pérdidas totales fueron mucho más amplias; el estudio señala que en el segundo trimestre del año, el peor momento de la crisis, se perdieron en total casi 4 millones de trabajos, sumando la reducción cercana a los 1,3 millones de asalariados no registrados (en negro) que perdieron sus trabajos, los 2,6 millones de no asalariados (fundamentalmente, cuentapropistas) y los empleados privados en blanco, donde las pérdidas fueron mucho más reducidas.
El informe, elaborado por Mariana González y Cecilia Garrig para Cifra, un centro estudios y formación de la CTA, se concentra en el empleo privado registrado, donde se dispone de más información, cuyos salarios reales, calcula, continuaron este año, a pesar de un breve respiro inicial, la caída que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Según el estudio, el ingreso real promedio de este sector era, hacia septiembre, 15,5% inferior al promedio de 2015 (Gráfico).

Por tipo de empleo
A su vez, los salarios reales del sector público, que según el estudio habían caído 22,4% durante la gestión macrista, continuaron su rumbo descendente y en septiembre su poder de compra era 25% inferior al nivel que tenían en 2015. Uno de los gráficos del informe muestra también que el empleo público fue el único sector donde no hubo reducción del número de empleos.
El estudio precisa que 56,6% de las pérdidas de trabajo se produjo entre los asalariados no registrados, el 39,6 entre no asalariados (tanto dueños como trabajadores cuentapropistas) y 3,8% entre los empleados privados en blanco, debido a la prohibición de despidos y la asistencia estatal a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que pagó parte de los salarios de parte del personal de los sectores y empresas más afectados por la pandemia y la cuarentena, hasta un máximo de dos salarios mínimos (poco menos de $ 40.000) por trabajador alcanzado.
Según el trabajo, al principio del gobierno de Fernández se insinuó “un proceso de recuperación” de los salarios privados registrados, gracias al decreto del gobierno que impuso un aumento “mínimo y uniforme” de $3.000 en enero y de $1.000 en febrero, a absorber durante las negociaciones paritarias. Pero el escenario, prosigue, se modificó con la pandemia y los salarios privados en blanco llegaron en mayo a tener una baja real del 10% respecto de febrero, debido tanto a la inflación como a las suspensiones acordadas, con reducción salarial, en el marco de la pandemia y de la cuarentena que forzó al cierre de centenares de miles de empresas consideradas “no esenciales”.

Paritarias demoradas
La pérdida del poder adquisitivo en el sector privado en blanco, dice el estudio, tuvo que ver con la “demora extraordinaria en los cierres de las paritarias”. En un marco de gran incertidumbre, estas negociaciones establecieron acuerdos de corto plazo, a menudo con sumas no remunerativas transitorias para mejorar en especial los sueldos más bajos, como ocurrió en las paritarias de Comercio, Sanidad y Textiles.
Los aumentos empezaron a generalizarse recién en julio/agosto, con acuerdos de revisión que se extienden hasta el primer trimestre de 2021. “Los aumentos anuales en general se ubican por debajo de la inflación; existen también acuerdos vencidos donde aún no se ha podido cerrar una negociación”, dice el trabajo. El trabajo cita un estudio del ministerio de Trabajo según el cual 84% de los trabajadores encuadrados en convenios “de elevada cobertura” (que cubren a más de 10.000 empleos) había tenido aumentos, pero 70% de ellos había sido “parcial”, no para el año completo, y 43% había sido con aumentos de suma fija.
Un pasaje del trabajo resume así la situación: “desde mediados de año se observaron ciertos aumentos de la mano de la paulatina recuperación de la actividad económica, pero el nivel salarial continúa deprimido: 15,8% por debajo de 2015 según el Ministerio de Trabajo y 18,4% inferior de acuerdo con el Indec”.

El estudio de Cifra/CTA también detectó un aumento de la dispersión salarial debido por una parte a las reducciones salariales acordadas, que fueron “especialmente fuertes” en los sectores de Minería, Electricidad, Gas y Agua, Restaurantes y Hoteles. Hacia junio, dice el informe, la dispersión del salario privado registrado era tal que mientras en la Agricultura había habido un aumento del 11,4%, en el sector minero y en hoteles y restaurantes se registraban “detracciones superiores al 20 por ciento”.
Por último, el informe cita la “fuerte caída del poder adquisitivo del salario mínimo”, que desde 2016 había sido superior a la del salario medio. “En 2020 se acumuló una pérdida adicional de poder de compra, ya que recién en octubre tuvo lugar la reunión del Consejo y la primera revisión salarial. El aumento acordado para octubre y para diciembre implicaría que a fin de este año, el SMVM real quede 32,6% por debajo del de 2015”, concluye el estudio.
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