Crece la tensión entre la Casa Rosada y Rodríguez Larreta: el BCRA presentó un recurso ante la Corte Suprema por la suba de Ingresos Brutos

El Banco Central presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de gravar con Ingresos Brutos las Leliq y los pases, bajo el argumento de que la aplicación de ese impuesto entorpece el funcionamiento de la política monetaria. La presentación del BCRA se basa en que una ley de jurisdicción provincial (el Presupuesto porteño, que eliminó la exención sobre los instrumentos de política monetaria; también la ley Tarifaria) estaría obstruyendo las decisiones derivadas de una ley nacional (la Carta Orgánica del Central).

La Corte Suprema tiene competencia originaria en un conflicto legal de estas características, dado que interviene una jurisdicción provincial y un organismo respaldado por una ley del Congreso. Por tal motivo, el BCRA acudió a la Corte Suprema sin iniciar acción alguna en tribunales inferiores.

El gobierno porteño decidió volver a gravar con Ingresos Brutos las Leliq y los pases en el marco de una serie de medidas destinadas a compensar la reducción en la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires decidida a través de un decreto del Presidente Alberto Fernández del 10 de septiembre pasado. Por tal motivo, según alega la administración de Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad dejará de recibir $52.000 millones de pesos en 2021, que serán devueltos a la provincia de Buenos Aires. Esa cifra se extendió a $65.000 por la ley de financiamiento de la policía porteña.

Existen otras dos jurisdicciones provinciales que ya cobran Ingresos Brutos sobre las Leliq, que son Córdoba y Tucumán, aunque su impacto es mínimo en comparación con el efecto que tendrá el impuesto decidido por la Ciudad. A tal punto que en los bancos se anticipa que para compensar el costo del impuesto podrían subir las tasas de los préstamos o podrían pedirle al Central una tasa mayor para renovar las Leliqs y los pases. En el gobierno porteño se preguntan por qué el Banco Central no tuvo reacción alguna frente a la aplicación del impuesto en otros distritos.

En su presentación, el BCRA solicitó que “se ordene la inmediata suspensión de los efectos de la normativa señalada, debiendo ordenarse al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el gravamen aludido”. Agregó que “se encuentran en juego cuestiones de máxima gravedad institucional” y advirtió que “el gravamen a aquellas actividades e instrumentos que hacen a la política monetaria nacional genera o puede generar una grave afectación de la economía en su conjunto”.

Las Leliq (Letras de Liquidez) y los pases son títulos de corto plazo que el BCRA vende a los bancos para “absorber” pesos del mercado y regular la cantidad de dinero que existe en la economía. Actualmente, existe un stock de $850.000 millones en pases y $1,6 billón en Leliq. La aplicación de un impuesto restaría la rentabilidad a los bancos.

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, ya había advertido a Rodríguez Larreta con una dura carta el pasado 27 de noviembre. En ella, le pidió que “arbitre los medios a su alcance para impedir la concreción de toda acción que desvirtúe, obstaculice o resulte en pugna con las políticas que lleva adelante la Institución que presido, toda vez que de no observarse tales recaudos se consumarán daños irreparables en la ejecución de la política monetaria y financiera a nivel nacional”. Le pidió al jefe de gobierno porteño que no aplique cambios tributarios que “distorsionan las políticas que lleva adelante el Banco Central mediante la implementación de los instrumentos” para cumplir con las funciones de su Carta Orgánica.

En esa carta, el BCRA ya había dejado abierta la puerta para iniciar una acción legal. Pesce recordó allí que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los actos legislativos de las respectivas jurisdicciones no pueden avanzar sobre aspectos que atañen al manejo de la regulación normativamente delegada por el Congreso Nacional al Banco Central. La Corte se pronunció en la causa ‘Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/Entre Ríos, Provincia de s/Acción declarativa de certeza’ en un fallo del 26 de marzo de 2014″.

“Las incumbencias que son propias de la especialidad de este Banco Central de la República Argentina conforme su Carta Orgánica, no deben ser afectadas o distorsionadas por disposiciones como las que se derivarían de aprobarse” la modificación impositiva, señaló el titular del Central.

Desde el Gobierno de la Ciudad, explicaron que la medida cuestionada por el BCRA “es la eliminación de una exención a un impuesto vigente y por lo tanto se encuentra entre las atribuciones del gobierno de la Ciudad”.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel agregó que el tributo “no grava la operatoria entre el Banco Central y las instituciones, no afecta sus misiones y funciones y tampoco es una medida innovadora; ya varias provincias la llevan adelante sin que el BCRA haya tenido una reacción como la que tuvo” con la Ciudad. En el gobierno porteño explicaron que el impuesto a los Ingresos Brutos no grava los instrumentos financieros en sí, sino los intereses que reciben los bancos sobre los mismos.

El gobierno de la Ciudad, por su parte, también respondió en su momento con acusaciones de inconstitucionalidad. Inició una acción cautelar similar por el recorte de la coparticipación y una demanda de fondo; hasta ahora, la Corte no respondió ninguna de las dos. La aplicación del gravamen sobre las Leliq, según Miguel, “es una medida enmarcada en un presupuesto contingente que tuvimos que elaborar a raíz de la quita intempestiva e inconstitucional de la coparticipación por parte del gobierno nacional; quita que, sumada a los efectos de la pandemia, colocó a la Ciudad en una situación financiera de extrema complejidad”.

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