El Gobierno decidió prorrogar los decretos que congelaron los precios de los alquileres y de las cuotas de los créditos UVA. Ambas medidas, que fueron tomadas en el comienzo de la pandemia, estaban vigentes desde fines de marzo pero vencían el próximo 30 de septiembre.
“Los dos decretos ya están escritos. Vamos a seguir acompañando a la gente que alquila, a las familias que no han podido recuperar el ingreso. Nuestra propuesta es la prórroga del congelamiento de alquileres y de los créditos UVA para vivienda única y hasta 120.000 UVA”, anticipó Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, en declaraciones a Radio La Red.
Aunque no mencionó los plazos, se espera que la prórroga alcance al menos hasta enero de 2021. En el caso de los créditos hipotecarios en UVA, el Gobierno planea seguir con el congelamiento y luego presentar un cronograma para ir ajustando en 18 meses la cuota según lo que hubiese correspondido, según adelantó Todesca. De esa forma, se busca que no sea “un golpe para las familias”.
Según un relevamiento del Banco Central a comienzos de año, en la Argentina existen unos 105.000 deudores hipotecarios UVA, de los cuales 95.000 corresponden a préstamos para vivienda única y de hasta 120.000 UVA. Eso equivalía a cerca de $1,7 millones en 2016 (unos USD 113.000) y a $6,8 millones en 2020 (unos USD 67.700 al “dólar solidario”).
El Decreto de necesidad y urgencia 320/20 había dispuesto el congelamiento de las cuotas de los contratos de alquileres hasta el 30 de septiembre de este año (se paga el mismo valor que en marzo). Y preveía que la diferencia entre el monto congelado y el monto previsto en el contrato se pagara en cuotas (entre tres y seis) a partir de octubre. Con la prórroga se extenderá ese plazo.
Desde la Federación de Inquilinos aseguraron que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, les confirmó que se extiende el Decreto 320/20 sobre el congelamiento de los alquileres, y que está listo para la firma del presidente Alberto Fernández.
“Las familias que alquilan pueden estar tranquilas y les pedimos que no firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores”, señaló Gervasio Muñoz, presidente de la Federación.
“El Estado no debe descuidar el derecho a la vivienda. Y hay que evitar el efecto poscrisis de 2001, con desalojos masivos, venta de viviendas únicas familiares por endeudamiento con los consorcios y más inquilinización”, dijo Fernando Muñoz, presidente del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.
“Se necesita una política de desendeudamiento que garantice la estabilidad de los hogares y la seguridad sanitaria. El Estado tiene que garantizar que donde hay deuda el locador cobre y el inquilino reconstruya su economía familiar y siga viviendo bajo un techo digno”, agregó Muñoz.
Desde el sector inmobiliario, hay visiones contrapuestas. El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) manifestó su rechazo a la extensión del decreto porque advierten que provocará una disminución de la oferta de alquileres y aumentos en los precios. En tanto, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) manifestó una postura intermedia. “En estos meses, logramos llegar a acuerdos entre las partes con un esfuerzo compartido. La mayoría de los inquilinos de viviendas están al día”, destacó Alejandro Bennazar, presidente de la CIA.
Según el último relevamiento del Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba), el 84,5% de los inquilinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pagó su alquiler en agosto. El nivel es similar al de julio, pero está lejos del máximo del 92% que se registró en mayo.
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