La provincia de Chaco no logró un acuerdo con sus acreedores externos y, luego de cumplirse el plazo de 30 días de gracia el viernes pasado, incumplió el pago de intereses de la deuda, por lo que entró en default.
La administración del gobernador Jorge Capitanich está en un proceso de reestructuración de su deuda que asciende a los 250 millones de dólares y, como todavía no logró un acuerdo con los acreedores externos, se sumó al pelotón de las provincias que ya están en cesación de pagos.
De esta manera, al no pagar el cupón de intereses con fecha del 18 de agosto pasado, la provincia se sumó al listado que encabeza Buenos Aires, pero que también comparten Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.
Los default hasta ahora no fueron ejecutados porque, al igual que lo que sucedía con la Nación, la gran mayoría de los distritos están negociando reperfilar las deudas.
La mayoría de estos distritos ya comenzaron sus procesos de renegociación de deuda y entrarán en la variante de ir extendiendo los plazos como sucede con Buenos Aires que lo llevó hasta el próximo 11 de octubre el plazo para lograr un acuerdo por la deuda de USD 7.148 millones; o Mendoza que está en default desde el 18 de junio y busca reestructurar un stock de deuda de USD 590 millones y, como no alcanza el 75% de aprobación -hasta ahora tiene el 66%- decidió prorrogar hasta el próximo 25 de septiembre.
En la misma línea se encuentra Neuquén que busca reestructurar una deuda de USD 900 millones que ya va por su segunda postergación. En este caso fijó la fecha unos días antes que Buenos Aires, el próximo 9 de octubre.
La provincia de Río Negro volvió a extender el plazo y llevó la fecha hasta el próximo 9 de octubre. Frente a la falta de adhesiones, la provincia que tiene buena parte de su deuda atada a las regalías petroleras definió una nueva extensión para lograr una renegociación de un pasivo que alcanza los 694 millones de dólares.
Pero aunque la estrategia oficial es no pagar y negociar, hay otros distritos que definieron seguir su propio camino y optaron por pagar mientras negocian. Ese es el caso de Córdoba, que hasta ahora vino haciendo frente a sus vencimientos y mañana deberá hacer un nuevo pago. Sin embargo, a pesar de cumplir, la calificadora de riesgo Standard & Poors le bajó la nota a la deuda de la provincia mediterránea por “virtual certeza de default” ya que entiende que Córdoba es “altamente vulnerable” y que la tendencia es negativa.
Córdoba está negociando la reestructuración de una serie de bonos bajo ley extranjera por USD 1.685 millones, pero aunque la calificadora le bajó la nota corre con la ventaja de que los vencimientos de capital son recién en 2021, por lo que tiene margen de tiempo para negociar.
Otro distrito que tiene que afrontar un pago mañana, 22 de septiembre, es Salta. La provincia tiene un pasivo externo de USD 350 millones que vencen en 2022, 2023 y 2024 y, al igual que el resto, busca extender los plazos de pago y reducir los intereses.
Un caso particular es el de Tierra del Fuego que busca reestructurar su deuda pero cambiando al tenedor de la misma, por lo que está en conversaciones con capitales árabes para que la compren y así negociar un nuevo plazo y una nueva tasa.
En este proceso es que el viernes pasado el gobierno fueguino anunció el inicio de conversaciones formales con los acreedores con miras a reperfilar el endeudamiento de USD 200 millones, tomado en 2017 a través de la colocación de títulos públicos con la garantía de ingresos por coparticipación de hidrocarburos.
Como la provincia tiene atado sus bonos a las regalías petroleras, está llevando adelante la conformación de una estrategia conjunta con Chubut y Río Negro que tienen una situación similar.
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