El que fue el último ministro de Economía del gobierno de Cambiemos y ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires durante la mayor parte de la gestión de María Eugenia Vidal en el distrito, Hernán Lacunza, se refirió en redes sociales al conflicto abierto ayer por el presidente Alberto Fernández al anunciar la quita de 1 punto de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de permitir a la provincia solventar gastos, entre los que se destacan aumentos a policías en medio de protestas salariales en la fuerza. El ex funcionario se quejó por la discriminación que sufrió la provincia en materia de recursos automáticos hasta 2015, dijo que esa realidad persiste en la actualidad y señaló que la solución no es “un parche con aroma oportunista, con recursos de otra jurisdicción”.
El miércoles, después de un día de tensión por protestas de policías bonaerenses el jefe de Estado anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal por el cual le quita un punto de la coparticipación a la Capital Federal y se lo transfiere a la provincia de Buenos Aires. Le quitará más de $ 30.000 millones de pesos.
Fernández contó que este tema lo habló en reiteradas oportunidades con Horacio Rodríguez Larreta por lo que remarcó que “nadie se puede mostrar sorprendido por la decisión que se está tomando”. A partir de ese momento comenzó a comparar los ingresos que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los que tiene la provincia. “¿Por qué tanto desequilibrio entre la ciudad y la provincia?”, se preguntó luego de resaltar la diferencia en la cantidad de habitantes, kilómetros cuadrados y recursos.
Respecto a ello, Lacunza usó su cuenta en la red social Twitter para criticar el método con el que se mejora la participación de la provincia en la distribución de impuestos nacionales.
“Acierta el Presidente Alberto Fernández al identificar la arbitrariedad e inequidad del régimen de coparticipación como un causal estructural del subdesarrollo. El actual esquema de reparto (Ley 23.548) no responde a ningún criterio objetivo de equidad ni de eficiencia”, dijo.
“También en que discrimina a los bonaerenses. Que de recursos automáticos nacionales (coparticipación más fondo del Conurbano) reciben -per cápita- un tercio respecto al resto de las provincias. No es un problema exclusivo de provincia de Buenos Aires. Ninguna provincia podrá desarrollarse con este Conurbano. También en que el origen de la discriminación empieza con la Ley 23.548 de 1988 (Alfonsín-Cafiero), cuando la provincia de Buenos Aires cede 7% de coparticipación. Recuperada parcialmente (4%) con el Fondo del Conurbano por la Ley 24.073 de 1992 (Menem-Duhalde)", agregó.
Pero además de coincidir, el economista de Cambiemos también criticó el rol del actual gobernador Axel Kicillof en la histórica postegación de la provincia en el reparto de fondos nacionales.
“Olvida mencionar la pasividad de los gobiernos provinciales ante el deterioro del Fondo entre 2002 y 2015, erosionado por el tope nominal del Fondo frente a la aceleración inflacionaria. En 2015, llega a provincia de Buenos Aires el 1% del Fondo, que de Conurbano solo le queda el nombre”, comentó.
“En 2015, cuando el actual Gobernador Axel Kicillof era ministro de economía nacional, deja la participación de provincia de Buenos Aires en los recursos automáticos (coparticipación más fondo del Conurbano) en el mínimo histórico del 18%. Recibe $ 1 cada $ 2 aportados”, remarcó.
“La Gobernadora María Eugenia Vidal plantea la demanda ante la Corte Suprema en agosto de 2016, recuperando un año después el 4% de copa (unos $ 113.000 millones anuales, que hoy dispone Kicillof) en el Consenso Fiscal 2017 por ley 27.429 impulsada por Mauricio Macri", añadió.
“Hoy sigue estando discriminada la provincia de Buenos Aires (menos que antes, recibe 22,5% y aporta 36%). Pero la solución a un problema estructural no es un parche con aroma oportunista, con recursos de otra jurisdicción (de los porteños) para atender un conflicto gremial particular de la provincia. Sino la presentación de un proyecto de ley que cumpla el mandato constitucional de dictar una nueva ley de reparto antes de 1996 (lleva 24 años de atraso), con criterios de equidad y eficiencia, para el debate de legisladores de 24 provincias. Federalismo e institucionalidad”, concluyó.
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