En febrero, la AFIP había dispuesto reintegrar el 15% del importe de sus compras con tarjeta de débito a jubilados con la mínima y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El plan aspiraba a beneficiar a 7,1 millones de personas. Para ello, el Presupuesto Nacional disponía de $5.000 millones mensuales entre marzo y agosto. Pero la ayuda casi no se concretó. Según informó el organismo tributario, de los $30.000 millones disponibles solamente se devolvieron al público tan solo $2.000 millones, menos del 7% del total.
El “Reintegro para sectores vulnerados” se anunció, según dijo la AFIP en febrero, para dar un impulso adicional “a la demanda de los sectores más castigados por las políticas del gobierno anterior”. La pandemia y sus restricciones trajeron más castigo aún para esos sectores. Pero la falta de información sobre su uso no permitió que se pueda aprovechar.
El reintegro del 15% para las compras de alimentos con tarjeta de débito para jubilados y pensionados con el haber mínimo y beneficiarios de la AUH tiene un tope de $700 por mes, que se extiende a $1.400 para quienes reciben dos o más AUH. Ese monto hubiera representado un ingreso extra del 4,5% para un jubilado o del 22,5% para quienes cobran la AUH.
Por tanto, la escasa utilización de esta herramienta implica un doble desaprovechamiento. La amplia mayoría de los 7,1 millones de beneficiarios se perdieron un aumento para sus magros ingresos y la economía dejó de recibir cuantiosos ingresos destinados al consumo, que podrían haber impulsado la demanda en los meses más críticos de la cuarentena.
“Sabemos que el uso de la tarjeta de débito entre jubilados, pensionados y titulares de la AUH es limitado, por eso, para garantizar el impacto de la medida es necesario trabajar junto con el Banco Central, las entidades financieras y otros organismos del Estado para que los comercios de cercanías se formalicen e incorporen medios de pago electrónico”, indicó en febrero la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, al lanzar la medida.
El uso de medios electrónicos de pago, en todas sus formas, se disparó en la pandemia, pero los sectores de más bajos ingresos fueron la excepción. Pero los 7,1 de millones de beneficiarios de esta medida en todo el país tenían que enterarse que pagando en supermercados, autoservicios o almacenes con la misma tarjeta de débito con la que van a retirar efectivo al cajero, recibían la devolución del 15% de su compra, en la misma cuenta y en un plazo de 24 horas. Habituados a usar efectivo, se imponía una campaña de difusión.
El 4 de marzo, hubo un anuncio en ese sentido. “El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, y sus pares de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y del PAMI, Luana Volnovich, firmaron un convenio para impulsar un trabajo conjunto entre los organismos que permita extender el uso de la tarjeta de débito entre los sectores vulnerados”, señaló un comunicado conjunto de los 3 organismos emitido ese día. Pero de ese convenio no se conocieron mayores acciones. Si la medida ya era justificable antes del coronavirus, en la pandemia lo era mucho más.
La semana pasada, la AFIP informó que el reintegro se extenderá hasta el 31 de diciembre con las mismas características y que los jubilados y pensionados que lo utilicen hasta el límite de $700 “representará un ingreso adicional del 3,9%”. En este oportunidad se aclaró que “el beneficio también está previsto para las operaciones abonadas con esas tarjetas bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR)”.
En los considerandos de su Resolución, la AFIP consideró que la medida está destinada “a estimular comportamientos vinculados con la formalización de la economía y el cumplimiento tributario”.
A diferencia de medidas similares aplicadas en gobiernos anteriores, la devolución para los compradores con tarjeta de débito no corresponde a una parte del IVA, si no que se determinó una partida de $5.000 millones en cada uno de los seis meses que, tal como muestra el resultado de $2.000 millones devueltos en todo el semestre, fue claramente subutilizado.
En este caso, se eligió asignar una partida específica ya que al ser el IVA un impuesto coparticipable, la decisión tendría que haber incluido una negociación con las provincias que el gobierno, en el inicio de su gestión, se prefirió evitar.
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