Resolver la pesada mochila de la deuda externa era uno de los objetivos principales que tenía el gobierno de Alberto Fernández a partir de su asunción. Y así fue. El trabajo entre el equipo económico, liderado por Martín Guzmán, los bancos y los acreedores comenzó durante el verano, con los primeros sondeos y una primera idea que el ministro tenía en la cabeza para que el repago de la deuda sea sustentable. El Presidente se había fijado el 31 de marzo como fecha límite para cerrar la negociación, pero el proceso duró algunos meses más; pandemia mediante.
La primera oferta formal del Gobierno fue presentada ante la Securities & Exchange Commission (SEC) el 22 de abril y estuvo vigente hasta el 8 de mayo. Pero fracasó. Si bien Economía nunca confirmó el número de adhesiones que tuvo esa propuesta, en ese momento trascendió que no había llegado al 15%.
Lo que planteó el Gobierno es canjear 21 títulos en circulación por otros 10 nuevos con vencimientos hasta 2047, un promedio de cupón de 2,33% y un plazo de gracia de tres años. Lo ofrecido en ese momento preveía un recorte en los intereses del 62% y del 5,4% sobre el capital. Los intereses comenzarían a ser pagados en 2023 de forma escalonada.
El mismo día en que fue presentada esta primera oferta ante la SEC vencieron los primeros USD 503 millones de intereses de un bono global que la Argentina no pagó y que entraron en default a los 30 días (22 de mayo).
El 8 de mayo venció el primer plazo y Economía dispuso la primera prórroga, hasta el 22 de ese mes. En esa oportunidad, el Gobierno manifestó que estaba dispuesto a escuchar “contraofertas” de los acreedores y que nadie quería entrar en default. “Esta extensión se considera necesaria, en el marco de las negociaciones de buena fe que ha llevado adelante la República Argentina con sus acreedores para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública bajo legislación extranjera”, decía la resolución oficial.
Pasó una semana y el equipo económico recibió contrapropuestas de los tres grupos de acreedores: Ad Hoc, liderado por Blackrock; Exchange Bondholders, encabezado por el fondo Monarch; y el Comité de Acreedores, que tenía como figura negociadora a Hans Humes, de Greylock. En todos los casos, el Valor Presente Neto (VPN) superaba los USD 58 por cada USD 100 (en el caso de Ad Hoc, llegaba a USD 60), cuando la oferta oficial rondaba los USD 40, siempre a una tasa de descuento del 10 por ciento.
Pero las propuestas no fueron aceptadas por el Gobierno, por lo que el 22 de mayo el país registró su primer default y volvió a extender el canje hasta el 2 de junio. Casi en simultáneo que las autoridades recibieron las contrapropuestas de los fondos, Economía difundió una mejora a su oferta, que llevó el VPN a USD 47 y tuvo el consentimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) en términos de sustentabilidad. Pero la brecha aún era de diez dólares.
El 1° de junio, el staff técnico del Fondo determinó que la oferta mejorada de la Argentina, presentada el 26 de mayo, “sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad” y también expresó que había un margen limitado para mejorarla. En esa oportunidad, fuentes conocedoras de la posición del FMI afirmaron que hasta USD 50 el Gobierno podía estirarse.
Al día siguiente, llegó la tercera prórroga del plazo del canje, hasta el 12 de junio. Y acuerdos de confidencialidad mediante, ese día se postergó todavía una semana más. “Se extiende la fecha de cierre de la oferta para poder enmendarla luego del martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad”, precisó el titular del Palacio de Hacienda en un comunicado. “Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”, agregó el parte de prensa.
Esos acuerdos de confidencialidad fracasaron y el Gobierno no avanzó con el plan que tenía: presentar en ese momento la enmienda a la oferta de la deuda. El 19 de junio prorrogó, por quinta vez, el período del canje hasta el 24 de julio. La enmienda finalmente fue presentada el 6 de julio y el plazo dispuesto fue hasta hoy 4 de agosto. Y más allá del acuerdo alcanzado en las últimas horas con algunos fondos, Economía dispondría igualmente una nueva extensión del plazo para terminar de pulir algunos cambios a la oferta.
La última oferta mejoró el VPN hasta los USD 53,50, lo que hizo que algunos fondos salieran públicamente a apoyarla, como fue el caso de Fintech y Gramercy. Los otros, en tanto, siguieron intentando sacar una mayor tajada. Incluso, la última jugada fue presentar una nueva contrapropuesta entre los tres grupos que en reiteradas oportunidades fue rechazada por el Gobierno. Implicaba un valor de USD 56,50 y algunas modificaciones legales respecto de las cláusulas de reasignación y el Pacman.
Los cambios legales fueron aceptados por el Gobierno, pero no así el aumento en la oferta económica. Sin embargo, el fin de semana una nueva propuesta de los acreedores destrabó la negociación y anoche, a las 3 de la madrugada, las partes arribaron a un acuerdo y ello despejó la incertidumbre que sobrevolaba respecto de si la Argentina continuaría o no en default.
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