Los grandes fondos de inversión que son acreedores de la Argentina aumentaron su presión sobre el Gobierno, cuando se acerca la primera fecha estipulada por el Gobierno para cerrar el canje de deuda.
A través de una carta que ayer adelantó Infobae en exclusiva aseguran poseer una amplia tenencia de los títulos que entran en los canjes: 60% de los bonos del canje 2005 (Discount y Par) y 51% de los emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri (Globales, a partir de 2016), es decir una mayoría contundente.
La carta es firmada por Black Rock, principal administradora de cartera de inversiones, y otros 30 grandes fondos. En esa misiva explican que los tres consorcios que unieron fuerzas para negociar hace un par de semanas tienen el 32% y el 36% de los bonos del canje y de los emitidos durante la gestión macrista. La novedad, según explican, es que han negociado con otros acreedores para que se sumen a la propuesta conjunta. “No podemos revelar de quiénes se trata por cuestiones de confidencialidad”.
Lo que se busca dejar claro con esta carta es una suerte de ultimátum, donde se insta al Gobierno a aceptar la última oferta lanzada por los grandes bonistas, aunque no hace referencia puntualmente a las distintas propuestas en danza. En caso que no se produzca un entendimiento, el canje iría directamente a un fracaso, ya que no conseguiría ni un 50% de aceptación.
Por lo tanto, se trata de una suerte de demostración de fuerza, que condiciona los próximos días de negociaciones, que seguramente serán los definitivos. Los acreedores insisten en que negocian de “buena fe” y que trabajan para el crecimiento de la Argentina.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reservó incluso la posibilidad de dar marcha atrás con la transacción si no consigue un porcentaje mínimo de aceptación, que justamente es del 50%.
En otras palabras, en caso que no haya un acuerdo con estos grupos de bonistas directamente el canje iría a un fracaso directo.
La última oferta de los acreedores tiene un valor presente de unos USD 56 por cada 100 dólares de valor nominal que entren al canje, mientras que la oferta del Gobierno llega a USD 53. La diferencia implica sólo pagos adicionales por USD 500 millones en 2022 y 2023, mientras que en 2026 y 2027 el próximo gobierno debería desembolsar USD 1.000 millones más en relación a la propuesta que la Argentina presentó ante la SEC.
Claro que tanto el ministro como el Presidente, Alberto Fernández, insistieron en varias oportunidades que la oferta presentada es la “definitiva” y descartaron rotundamente nuevos cambios. Eso sí, dejaron trascender que estarían dispuestos a ceder en cambios de cláusulas legales que reclaman los acreedores. Pero no está claro si este paso sería o no suficiente.
Por lo pronto, todo indica que la fecha original del 4 de agosto para darle cierre a la operación se alargaría hasta fin de ese mes, ya que los nuevos títulos deberían entregarse el 4 de septiembre.
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