Si una vez finalizado el trabajoso proceso que lleva adelante desde sus inicios, finalmente en agosto se cierra la reestructuración de la deuda, la gestión de Alberto Fernández habrá logrado una invalorable ventana de más cuatro de años de tiempo para hacer los deberes en pos de recuperar el acceso al mercado. Si en 5 años la Argentina no logra crecer y recuperar la confianza de los inversores, otra vez se estará discutiendo cómo hacer para refinanciar los pagos que a partir de esa fecha empezarían a concentrarse en volúmenes mucho más altos que los menos de USD 3.500 millones a lo largo de estos cuatro años de mandato. Esto último se dará siempre y cuando tanto el tramo del canje de bonos bajo ley extranjera como bajo legislación local logren una adhesión generalizada, lo que se descuenta en el último caso.
De acuerdo al nuevo perfil de vencimientos que surgiría tras la operación, cuya fecha de cierre para la suscripción de la oferta es el viernes de la próxima semana pero se analiza una nueva prórroga, el período 2020-2024 se concentraría el 70% del ahorro que implica la propuesta de reestructuración presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Equivale a unos USD 40.000 millones de los USD 58.000 millones que se recortarían en total en pagos de la deuda en moneda extranjera.
A partir de 2025, en cambio, la situación cambia radicalmente y sin acceso a los mercados podría tornarse inviable. Desde ese año, los pagos de la deuda saltan a USD 9.000 y 10.000 millones por año y llegan a los USD 13.000 millones en 2028, cuando la factura a pagar a los bonistas será incluso más alta de lo que es hoy, bajo el calendario actual que el Gobierno incumplió a partir del 22 de abril. A partir de 2028 y hasta al menos 2035, el canje que el ministro Guzmán propuso a los acreedores opera exactamente a la inversa de lo que lo hace en los próximos años: en el futuro, en vez de disminuir, aumenta la carga de pagos de la deuda respecto de la situación actual, incluso casi triplicando los montos originales.
La distribución a lo largo de los años del peso de los vencimientos que resulten del proceso de reestructuración actual es clave porque es el antecedente a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al calendario todavía vigente con el organismo -cuyo cumplimiento se mantuvo hasta el mes pasado con un pago de USD 500 millones-, en los próximos años, la Argentina debería devolver los casi USD 45.000 millones desembolsados durante la gestión de Mauricio Macri. Se sabe, el objetivo de la discusión con el FMI será prorrogar como mínimo hasta el fin del actual mandato de Fernández esa devolución. Así, ese monto deberá computarse también a partir de 2024, lo que llevaría la carga total de la deuda en relación al tamaño de la economía a niveles similares a los de fin de 2019, siempre dependiendo de la rapidez de la recuperación tras la pandemia. De todos modos, ninguna deuda es baja si no existe la posibilidad de pagarla, ni tan alta si hay quien la financie.
“Mirando el perfil de vencimientos, parece claro que esta reestructuración funcionará (siempre asumiendo aceptación generalizada), en tanto y en cuanto la Argentina logre retomar el acceso a los mercados voluntarios de deuda a mediados de esta década”, establece el último informe de la consultora 1816, donde se recuerda que a los pagos a los acreedores, habrá que sumar el calendario de pagos aún no resuelto con el FMI.
“Si se supone aceptación total en el canje ley local y en el canje ley internacional, la Argentina se estaría ahorrando pagos por unos UDS 40.000 millones en el período 2020-2024, comparando perfil de vencimientos nuevo con el viejo. En el período 2025-2035, es mucho más complejo: en todos esos años habrá que pagar al menos USD 7.000 millones al año, con flujos que superan los USD 10.000 millones a partir de 20228”, cierra el informe.
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