En el marco de la crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus, el Gobierno de la Nación creó un programa de asistencia para productores de peras y manzanas.
A través del Decreto 615/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo anunció el “Programa de Asistencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las Provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa”.
Según la normativa que lleva la firma del presidente, Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de los ministros, de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, el programa alcanza a “los productores y las productoras, empacadores y empacadoras, frigoríficos, comercializadores y comercializadoras e industrializadores e industrializadoras, de conformidad con las actividades del ‘Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)‘, aprobado por la AFIP”, quienes deberán reunir una serie de requisitos para acceder a la asistencia:
- Que la actividad desarrollada en la cadena de producción de peras y manzanas en la o las jurisdicciones citadas constituya la actividad principal, entendiéndose por tal, aquella que haya generado más del 50% de los ingresos brutos totales en el año fiscal 2016, según corresponda; o bien, aquella en la que se haya empleado más del 50% de la nómina salarial de la empresa, excluidos y excluidas los empleados y las empleadas temporarios y temporarias, debiéndose considerar el promedio anual correspondiente al año fiscal mencionado. En el caso de haber iniciado actividades en ese año fiscal, cuando el período a considerar fuera inferior a 12 meses, se anualizarán los ingresos obtenidos desde la fecha de inicio de dichas actividades.
- Que los ingresos brutos totales en el año calendario 2016 o ejercicio económico cerrado en el 2016, según corresponda, no hayan superado la suma de 7 millones de pesos, a cuyos fines deberán observarse las normas que dicte la AFIP.
- Que acredite, mediante certificación de la autoridad provincial competente, que ingresó en un plan de mejora de la competitividad que el Gobierno Provincial correspondiente desarrolle, a los efectos de incrementar la rentabilidad de los sujetos alcanzados por el mencionado programa.
Por otra parte, el Programa de Asistencia consistirá en la prórroga de los vencimientos generales para el pago de obligaciones de la seguridad social que operen desde el 1° de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se suspende la iniciación de juicios de ejecución fiscal.
Será también la AFIP, el organismo encargado de establecer la nueva fecha de vencimiento para el pago de las obligaciones prorrogadas, como así también a instrumentar regímenes de facilidades de pago para la oportuna cancelación de las obligaciones postergadas. “La citada fecha de vencimiento operará con posterioridad al 1° de enero de 2021″, se aclaró.
En los considerandos, el Gobierno justificó la implementación de este programa debido al contexto actual de crisis económica y sanitaria por la pandemia de COVID-19, lo que “hace necesario avanzar en la posibilidad de dar cobertura a los pequeños productores y monitorear de cerca la evolución del sector” de peras y manzanas de las provincias mencionadas.
En otro párrafo hace referencia a la cuarentena como una de las medidas “destinadas a ralentizar la expansión del coronavirus, limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, lo que produce un impacto económico negativo y no deseado sobre empresas y familias”.
En ese sentido se hace mención a la Ley 27.503, por la cual se extendió por un año la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y San Juan.
“Que a raíz de esa situación, no solo se debe procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud pública, sino también a coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo”, se justificó haciendo hincapié en que la merma de la actividad productiva afecta “de manera inmediata y aguada” particularmente a las microempresas.
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