En los primeros dos meses de los dos principales programas económico-sociales en respuesta a la crisis económica debido a la pandemia y las políticas de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) dispuestas por el gobierno para limitar la circulación del coronavirus, el gobierno asignó $ 400.000 millones, equivalentes al 1,5% del PBI, precisa un estudio del Ieral de la Fundación Mediterránea de los investigadores Marcelo Capello y Laura Caullo.
Los programas en cuestión son el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, o “Bono Anses”) de $ 10.000 mensuales y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), a través del cual el Estado paga hasta una suma equivalente a dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a empleados formales de empresas impactadas por la pandemia y las medidas oficiales y también instituyó una línea de “Créditos a Tasa Cero” para trabajadores monotributistas y autónomos.
El IFE, del que aún no terminó de pagarse la segunda cuota. alcanzó a 8.839.044 beneficiarios en todo el país. Cuando se complete el pago correspondiente a mayo, calculó el trabajo, el Estado habrá desembolsado por este concepto $ 176.781 millones, equivalente al 0,7% del PBI. Un 36,4% de las ayudas se dieron en la provincia de Buenos Aires, seguida por Córdoba (8,4%), Santa Fe (7,4%), Tucumán (4,4%) y Salta (4,1%). La distribución de beneficiarios se explica por la población, niveles de pobreza y también grado de informalidad e incidencia del empleo público en las distintos distritos, como refleja el siguiente gráfico.
La tercera cuota del “Ingreso Familiar de Emergencia”, sin embargo, tendrá un alcance más limitado y el Estado se ahorraría el 54% del costo mensual del programa, con lo que –se calcula- los fondos para beneficiarios en Córdoba se reducirían en$ 7.400 millones, para Santa Fe en $ 6.800 millones, para Tucumán en $ 3.900 millones y para Salta en $ 3.600 millones, por tratarse de áreas que salieron del “ASPO” y están ya en fases del “Distanciamiento Social, Político y Obligatorio” (DISPO) que las pone fuera del programa. Así, el Estado se ahorraría unos $ 47.900 millones al limitar la ayuda a beneficiaros del Área Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y 40 municipios del conurbano bonaerense), a Chaco y tal vez partes de Río Negro, según la evaluación que haga el gabinete socio-económico en los próximos días.
ATP
El otro programa importante del gobierno es el de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), de dos componentes: el pago de “salario complementario” a trabajadores del sector formal en sectores “no esenciales” y la concesión de “créditos a tasa cero” por hasta $ 150.000 a pagar con seis meses de gracias y en doce cuotas sin interés por trabajadores monotributistas y autónomos. Sobre 6,4 millones de asalariados registrados, percibieron “salario complementario” un total de 2,4 millones (37%), a un costo mensual de $ 47.900 millones.
El trabajo cita cifras del Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional según las cuales el “salario complementario” cubrió el 70% del salario neto en las empresas con menos de 25 empleados y que la proprción se redujo a 50% de aquellas con más de 800 empleados.
De vuelta, el mayor número de receptores del “salario complementario” fue de Buenos Aires, la provincia más grande y populosa del país, seguida por empleados de empresas situadas en la Capital Federal, Santa Fe y Córdoba. Sin embargo, en proporción de la cantidad de empleados formales a los que alcanzó. las provincias relativamente más beneficiadas fueron Tierra del Fuego, donde casi 52 % de los empleados formales recibió parte de su salario directamente del Estado. y Neuquén, seguidas por Buenos Aires y Santa Fe. En esos cuatro distritos la proporción de perceptores del salario complementario respecto del total de empleados formales superó la media nacional, que fue del 37%. Al fondo de la tabla, en Tucumán, sólo uno de cada cuatro empleados formales recibió parte de su salario de parte del Estado (Gráfico). El costo fiscal del programa, precisa el trabajo, es de $ 44.000 millones mensuales, o 0,2% del PBI.
El segundo componente del ATP, los “Créditos a Tasa Cero” sigue abierto (los interesados se pueden registrar hasta el 31 de julio) y exige dos requisitos: contar con Clave Fiscal con nivel de seguridad y tener registrado un Domicilio Fiscal Electrónico. “Hasta el momento -dicen Capello y Caullo- más de 300 mil trabajadores independientes solicitaron el préstamo, equivalente a 17% de un universo de 1,9 millones de trabajadores independientes registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a marzo de 2020 y el “costo fiscal” estimado es de $ 41.482 millones. En este caso se supone que el dinero será devuelto, aunque a un valor devaluado por la tasa de inflación de los 18 meses siguientes a la concesión del crédito. Poco más de 111.300 bonaerenses 55.500 porteños, 46.700 cordobeses y 38.600 santafecinos fueron los principales contingentes geográficos de beneficiarios y concentraron más del 76% del valor de los créditos otorgados (Gráfico)
Flexibilización y retiro
El gobierno inició el retiro gradual de estos programas a medida que fue flexibilizando las políticas de “aislamiento” y “distanciamiento” social, aunque sin lograr recuperar los niveles de producción y ventas de prepandemia. La ayuda se extendió a junio, pero con criterios diferentes que -según estima el trabajo del Ieral- hará que un conjunto de provincias “pierda” unos $51 mil millones por la reducción en la ayuda.
“Las más afectadas son Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, fundamentalmente por el retiro del IFE y la limitación del “salario complementario” debido a cambios en el ATP, ya que la diferencia entre el salario promedio pagado por el programa en sus dos primeras rondas y el nuevo tope de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (en sus dos primeras cuotas el tope eran dos SMVM) y para las zonas en “distanciamiento social” es apenas superior a los $4.000. En términos relativos, Santiago del Estero sería la provincia más perjudicada, pues dejaría de percibir 1,7 veces su masa salarial privada formal.
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