
Buena parte del directorio de Vicentin estuvo entre la mañana y el mediodía de hoy en reuniones por Zoom. Los celulares apagados hicieron que muchos de ellos no se enteraran online del fallo de la jueza María Alejandra Biotti, quien rechazó el pedido del Gobierno para que la causa por la intervención de la agroexportadora saliera de la órbita de Santa Fe y se tramitara en el fuero en lo contencioso administrativo. La administración de Alberto Fernández buscó que los tribunales porteños sean los encargados de revisar las decisiones del Ejecutivo y el fiscal del caso estuvo de acuerdo. Pero Biotti dijo que no.
“La verdad, me enteré por ustedes”, aseguró una fuente de la empresa que puso en mute su pantalla de Zoom. “Es una señal que esperábamos, todo debe resolverse en el concurso”, agregó.
Los directores de la empresa, muchos de ellos parte de la familia que la fundó hace más de 90 años, volvieron a estar al frente de la compañía luego de que el juez Fabián Lorenzini, a cargo de la convocatoria de acreedores, decidiera mantenerlos en sus puestos y “degradar” a los interventores del Gobierno a la figura de “veedores”.
Mientras tanto, la causa avanza en el contexto del concurso, en medio de un panorama finaciero muy complicado, que se agravó más por la pandemia. En ese contexto, y si bien aún resta saber qué pasará con el llamado Plan Perotti, por la propuesta del gobernador santafesino, ayer el magistrado ordenó que la AFIP autorice nuevamente a la compañía a exportar.

“Eso es vital para nosotros”, aseguran desde Avellaneda. Para los directores la de hoy fue una victoria, pero saben que en el final del camino aún está latente la idea de la expropiación. Creen que esta es una señal de que se respetará la órbita del concurso. Confían en que son los indicados para sacar la empresa adelante aunque, como ya le dijeron a Infobae, están dispuestos a dejar el control si eso garantiza la continuidad de la empresa.
También hacen foco en la cuestión federal: “Es importante que una jueza diga que la constitucionalidad se tiene que resolver acá. Todo los DNU salen de Capital. ¿Qué sentido tendría la justicia federal si todo se resuelva allá?”, aseguró un allegado a la empresa.
Los Vicentin juran que lo único que buscan por estas horas –mientras también se siguen investigando los movimientos de sus cuentas bancarias en EEUU– es avanzar para seguir con la continuidad del negocio y recuperar capital de trabajo para seguir funcionando dentro del concurso. Resaltan que sus plantas están productivas: Renova, la que tiene en sociedad con Glencore, al 100%; la de San Lorenzo en un 60% y la de Ricardone que volvió a ponerse operativa para procesar girasol.
En el fallo de la jueza Biotti se destaca que: “Corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”, ante los que deberá analizar “la interposición de inhibitoria si así lo estimare pertinente el Estado Nacional”. Así, avala un criterio que está en debate en la Corte Suprema de Justicia –pero ya aplicado en varias causas– sobre la potestad de los fueros federales del interior para analizar las resoluciones del Gobierno.
Poder exportar
En este contexto, además Lorenzini le ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que deje sin efecto las suspensiones del registro de importadores y exportadores que recaen sobre la agroexportadora. En la resolución, el juez también le reclamó al organismo que habilite las plantas de Vicentin que fueron inhabilitadas.
Y, por otro lado, el Juez le pidió a la AFIP que “se abstenga de tomar, en medio del concurso preventivo, cualquier tipo de medida que impida u obstaculice a Vicentin realizar operaciones de comercio exterior desde cualquiera de sus plantas”.
En los fundamentos de la decisión, el Juez sostuvo que la medida que había implementado la AFIP, “frustra totalmente la actividad de la empresa y sin ella se torna imposible cualquier solución concursal o de otro tipo, poniendo en gravísimo riesgo la continuidad de la empresa y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo”.

Además, Lorenzini reconoció que Vicentin “es la organización agroindustrial más importante del país en el procesamiento de granos oleaginosas, fundamentalmente soja, y uno de los principales productores de aceites crudos, refinados, harinas, lecitinas, biodiesel, glicerina y otros productos. La importante capacidad de procesamiento con que cuenta la empresa implica que, más de un 90% de su producción tiene como destino final la exportación, dado que Argentina tiene un mercado interno muy pequeño para el volumen producido y de hecho es el país exportador más importante con casi el 50% del mercado mundial”.
Lorenzini, en su fallo, sostuvo que Vicentín “jamás fue notificado ni puesto en conocimiento de los motivos y sobre la normativa que sustentaría una decisión de semejante trascendencia y gravedad para una empresa que exporta el 90% de su producción, lo que de por sí y más allá de la carencia de sustento normativo, pone en evidencia la conducta arbitraria e ilegítima del Fisco”.
Según consta en el fallo, la AFIP, mediante su apoderado, Estanislao Musuruana, había pedido la suspensión en el registro de importadores y exportadores “por la falta de pago de derechos de exportación y que tanto ello como la inhabilitación de la planta (provocada por la existencia de deuda líquida y exigible), no resultan medidas arbitrarias ni ilegítimas, sino que son consecuencias del régimen normativo que rige la situación que se describe”.
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