Alberto Fernández y BlackRock no se pusieron de acuerdo y se encaminan a una larga batalla política, económica y judicial con final incierto. El Presidente considera que ese poderoso fondo “quiere poner a la Argentina de rodillas”, mientras que en Wall Street replicaron que la propuesta oficial “nunca fue significativa para lograr un acuerdo definitivo”.
En este contexto, Martín Guzmán emprende hoy los últimos contactos con otros acreedores privados para cerrar un deal que será parcial y abre la posibilidad de un juicio por default en los tribunales de Manhattan.
Anoche, tras consultar con Fernández, el ministro de Economía rechazó la oferta del Comité de Acreedores Argentinos (ACC) y terminó de definir una estrategia para enfrentar los embates de BlackRock y sus aliados.
Guzmán ya había leído una nota de la agencia de noticias Bloomberg –firmada por los periodistas Jorgelina do Rosario y Michael O’Boyle– que informaba que los grupos de acreedores Ad Hoc –liderado por BlackRock– y Exchange –encabezado por Monarch– cuestionaban la “buena fe” del gobierno y se aprestaban a enfrentar al gobierno que buscaba aislarlos y condicionar su capacidad de negociación.
“Nos corren el arco todos los días. Una y otra vez. Hasta acá llegamos. Estoy harto de hacer gestos, y que BlackRock no haga nada”, se desahogó Fernández en la intimidad de Olivos.
A continuación, Guzmán instruyó a su staff técnico que avance en la redacción de la nueva oferta oficial, mientras ajustaba la agenda de trabajo que cumplirá por estas horas para sumar más adhesiones de los bonistas que operan al margen de BlackRock y sus socios.
Hasta ayer a la tarde, la propuesta del Gobierno a los acreedores privados incluía las siguientes condiciones:
1. Un promedio de quita de capital del 3 por ciento.
2. Pago de cupones desde el año próximo.
3. Pago de los intereses devengados tomados desde el 31 de julio de 2020, para los bonistas que ingresen al canje sin demoras.
4. Limitado uso del sistema jurídico de re-asignación.
5. Se mantienen los derechos adquiridos de los bonos canjeados en 2005.
La propuesta oficial en su versión mejorada fija un Valor Presente Neto (VPN) del bono en 53 dólares. El Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) exigía 54.5 dólares de VPN, y los grupos encabezados por BlackRock y Monarch pretendían un rango que iba de 55 a 57 dólares de Valor Presente Neto.
Fernández y Guzmán se plantaron en 53 dólares de VPN, y ahora la estrategia del Gobierno es sumar acreedores privados que compraron bonos muy por debajo de ese valor cuando se conocieron los resultados de las PASO y Mauricio Macri iniciaba su derrota electoral.
Al otro lado del tablero de operaciones, BlackRock y sus aliados se alistan para una partida larga y compleja. Ya han decidido establecer un Lock Up legal –que evitará las fugas de fondos de Ad Hoc y Exchanges hacia la propuesta oficial– y mover todo su poder en Wall Street, la Casa Blanca y el FMI para lograr que Fernández ceda y acepte negociar bajo las condiciones establecidas por Fink.
El Presidente y su ministro de Economía están advertidos de la estrategia de BlackRock y ya decidieron avanzar con su propia hoja de ruta. Guzmán terminará las ultimas conversaciones con los acreedores privados y luego aguardará las instrucciones para cerrar la oferta que se publicará en el Boletín Oficial.
El gobierno evalúa que tendrá una adhesión cercana al 50 por ciento de los bonistas que invirtieron los 66.000 millones de dólares de deuda que se están reestructurando. En Wall Street juran que el número de adhesión será menor y que Argentina no tendrá otro camino que regresar a la negociación con BlackRock.
En cualquiera de los dos hipótesis, hay un hecho cierto: está abierta la posibilidad de un juicio por default. Con todas sus consecuencias políticas, económicas y financieras.
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