El Ministerio de Economía tiene lista la nueva propuesta, y última, que presentará el lunes ante la Securities & Exchange Commission (SEC) para intentar cerrar el capítulo de la reestructuración de la deuda emitida bajo ley extranjera, que asciende a USD 64.800 millones.
Lo hará después de reiteradas idas y vueltas con los grupos de acreedores, dos de los cuales anticipan que si el Gobierno avanza con una oferta consensuada sólo con algunos bonistas, la rechazará. Se trata de los comités Ad Hoc y Exchange Bondholders, que vienen mateniendo una posición unificada desde el último tiempo y que, incluso, esta semana afirmaron mediante un comunicado conjunto que “la falta de una interacción seria” por parte de las autoridades de la Argentina era “sumamente preocupante”.
Por su parte, el Comité de Acreedores (ACC, según sus siglas en inglés), que ha sido en esta negociación el más amigable de los tres –dicho incluso por el propio ministro Martín Guzmán públicamente–, presentó el miércoles una nueva contrapropuesta al Gobierno cuyo valor, según trascendió, ronda los USD 54,5.
Según un comunicado del grupo, la oferta contempla un alivio de flujo de caja acumulado de USD 39.000 millones hasta 2028; los mismos bonos y estructura de amortización que la oferta argentina del 17 de junio; un cupón promedio ponderado del 3,95%, sin superar el 5%; y que se mantengan los contratos originales de los bonos elegibles, a diferencia de los otros dos comités, que habían planteado que todos los nuevos títulos tengan el identure de 2005.
La nueva propuesta argentina que el Gobierno oficializará en las próximas horas estará más cerca de la realizada por el ACC, que lideran los fondos Fintech y Greylock, con los que el equipo económico ha estado negociando, según dijo Guzmán, “de forma más constructiva”. Los otros dos grupos están a la espera de que la Argentina mueva su ficha para luego definir el plan de acción. Mientras tanto, utilizan todos los canales de diálogo posibles para lograr otro acercamiento y una última mejora de la propuesta.
Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la propuesta final será presentada formalmente el lunes ante el organismo regulatorio norteamericano, ya que hoy es feriado en los Estados Unidos por el Día de la Independencia que se celebra mañana. Casi en simultáneo, el Gobierno sacará un decreto de necesidad y urgencia con los detalles de la oferta y, a partir de ese momento, correrá el plazo de tres semanas –hasta el 24 de julio– para que los acreedores decidan si entran o no al canje. Además, el Palacio de Hacienda podría emitir esta tarde un comunicado con el detalle del camino a seguir.
La oferta base se mantiene en un valor de USD 49,90 por cada USD 100 nominales, tal como sugirió el análisis de sustentabilidad realizado por el staff técnico del FMI, pero tendrá otros beneficios que la llevarían, según el análisis oficial, a USD 53,10. Las fuentes consultadas afirmaron que se reconocerán los intereses devengados pero que el país comenzará a pagar cupones en 2023, tal como estaba previsto originalmente. Por otra parte, también habrá un premio para los inversores que ingresen antes a la reestructuración, según trascendió.
El Gobierno confía en que más allá de la posición que han tomado, hasta públicamente, los fondos más duros, como Blackrock, finalmente el resultado del canje será auspicioso porque “la oferta es generosa”, admiten. Hay quienes creen que cuando la propuesta sea oficializada y comiencen a correr los días, algunos inversores integrantes de los grupos Ad Hoc y Exchange optarán por entrar igual, lo que podría generar grietas al interior de los comités.
La estrategia oficial también será salir a buscar a los bonistas que no integran ningún grupo, y muchos son grandes, como por ejemplo, Pimco. El 60% de los tenedores de deuda argentina a reestructurar no integran ninguno de los tres comités. Será tarea de los bancos colocadores, el HSBC en Europa, y el Bank of America, en los Estados Unidos, comenzar a reclutarlos y seducirlos para que aceptan la oferta argentina.
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