Las facturas de gas podrían aumentar $200 pese al congelamiento dispuesto hace pocos días en medio de la la cuarentena por el coronavirus. El Gobierno nacional analiza habilitar un nuevo cargo fijo por un pedido realizado por la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), cámara que agrupa a las compañías del sector. Este nuevo impuesto estaría destinado a financiar inversiones y gastos corrientes en medio de la crisis, que también golpea a las distribuidoras, según anticipó el sitio especializado EconoJournal.
El proyecto se encuentra en manos del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que en principio consideró la idea como viable, según coincidieron fuentes del sector.
Adigas propuso que se cree un nuevo fondo al que denominan informalmente “Focegas”, integrado por un cargo fijo de $200 que se cobrará en las facturas que les llegan a los usuarios residenciales de toda la Argentina. Las principales distribuidoras –Metrogas, Camuzzi, Natyrugy y EcoGas– resaltaron en sus diálogos con el Gobierno que en un contexto de caída de ingresos y tarifas congeladas necesitan ingresos extras para evitar que colapse la cadena de pagos a los productores de energía.
YPF, principal productor de gas del país, y otras petroleras como PAE, Pluspetrol, Total, Wintershall DEA y CGC ya habían advertido sobre este contexto complejo.
Este viernes habrá un nuevo encuentro para discutir el tema. Los representantes de las compañías tienen agendada una reunión con Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Consultado por Econojorunal, Bernal dijo: “Es un tema que estamos trabajando con el Ente. Nos gustaría porque consideramos fundamental reactivar las obras paralizadas por la administración anterior. Consideramos neurálgico que se reactiven todas las obras”.
Las empresas tomaron como antecedente el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede) creado en noviembre de 2012 a partir de la aplicación de un monto diferenciado para cada una de las distintas categorías de usuarios.
Por ese entonces, lo que el Gobierno hizo fue crear una cuenta especial para que las distribuidoras puedan acceder a esos recursos. En un modelo similar al que tienen Transporte para los aeropuertos pero esta vez para el sector privado, los fondos eran administrados por un fideicomiso y los desembolsos tenía que hacerse en forma exclusiva para “la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento correctivo de las instalaciones de las concesionarias” -en los aeropuertos la tasa que pagan los aviones va a un fideicomiso que sólo puede ser utilizado para infraestructura aeroportuaria-
La norma, que también establece la imposibilidad de cortar los servicios por deudas impagas de hasta seis meses, señala que se tomó la decisión de mantener sin modificaciones las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal porque la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio “han imposibilitado el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad y gas natural”.
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