Un comunicado conjunto del Grupo Ad Hoc y del Grupo Exchange BondHolders, difundido poco después de que el gobierno anunciara la extensión de la renegociación de la deuda hasta el 24 de julio, criticó la posición del gobierno argentino en este tramo del proceso de reestructuración.
Ambos grupos de tenedores de títulos de deuda argentinos “estamos juntos en nuestra decepción con la decisión de la Argentina de finalizar el diálogo con sus acreedores en lo que es claramente una coyuntura crítica”, afirmó el comunciado.
“La Argentina ha creado obstáculos para un resultado negociado y ha tratado de provocar la división, poniendo fin a lo que había sido un proceso de negociación productivo”, agregó.
“Al examinar las diversas propuestas presentadas durante las últimas semanas, es evidente que todos los interesados hicieron progresos sustanciales hacia una reestructuración consensuada. Si logramos este objetivo, sería un éxito para todos los involucrados, evitando los devastadores costos legales y económicos de un incumplimiento prolongado”, añadió.
“La decisión de Argentina tomada hace dos días de alejarse de la mesa de negociaciones es aún más desafortunada, dado lo cerca que estamos de una resolución, para lo cual seguimos dispuestos a participar de manera constructiva”, concluyó el comunicado.
El Ad-Hoc Bondholder Group es liderado por BlackRock, el administrador de fondos de inversión más grande del mundo, y en él revistan otros fondos de peso como Fidelity, Ashmore y T.Rowe Price. Su asesor legal es el estudio neoyorquino White & Case LLP.
Actúan con un alto grado de coordinación con el Bond Holders Group encabezado por los fondos Monarch y Greylock, donde tiene cierto ascendente negociador e intelectual el financista Hans Humes. El grupo “Ad Hoc” tiene bonos del canje de 2005 y “Globales” emitidos en 2016, en tanto el grupo “Exchange” tiene bonos del canje de 2005. Los bonos de los canjes de 2005 (realizado durante la gestión ministerial de Roberto Lavagna) y 2010 (durante la gestión como ministro de Amado Boudou) son producto de una restructuración previa, por lo que sus tenedores consideran que no deberían tener ningún tipo de recorte de capital.
La decepción de los fondos llega luego de que el gobierno decidiera extender por cuarta vez el proceso de negociación, esta vez hasta el 24 de julio, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo en el valor de la oferta.
La brecha entre las partes es de poco más de un 10% entre un “Valor Presente Neto” de 50 dólares por cada 100 dólares en bonos a restructurar implícito en las últimas propuestas pergeñadas por el ministerio de Economía, y los poco más de 55 dólares que pretenden los comités de bonistas, que a principios de esta semana veían como muy cercana la posibilidad de un acuerdo. En términos de flujo de dinero, esa diferencia se cuantifica entre 7.000 y 8.000 millones de dólares a lo largo del tiempo.
La nueva prórroga, y por un plazo tan largo, se presta a una doble lectura. De un lado, sugiere que la distancia entre oferta y pretensiones es muy grande y hace falta un buen tiempo para alcanzar un acuerdo. Del otro, que el Gobierno está ratificando, en medio de sus dificultades -como el revés legal en el intento de intervención y expropiación de la agroexportadora Vicentin- que quiere a toda costa evitar el default.
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