El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou cumplió la promesa que hizo en enero pasado, antes de asumir, de que iba a flexibilizar regulaciones para atraer a empresarios argentinos: su intención, según dijo, era que 100.000 locales lleven su dinero al país vecino y que, incluso, se muden allí.
Así lo hizo hoy por medio de un decreto que indica que todos los extranjeros que quieran tener su residencia fiscal en su país a partir del 1 de julio lo podrán hacer de una manera más sencilla. Simplemente deberán residir allí 60 días al año y tener una propiedad cuyo valor no sea menor a los 377.000 dólares.
Según publican los medios uruguayos, el Poder Ejecutivo de ese país firmó un decreto y enviará al Congreso un proyecto de ley en donde establece los pasos a seguir para ser ciudadano uruguayo así como una ampliación de los beneficios para los ciudadanos extranjeros que se radiquen en Uruguay.
Entre los considerandos de decreto se señala que Uruguay, en materia de inversiones, basa su política en ofrecer oportunidades, que es un país de puerta abiertas y que “ofrece como garantía de sus políticas públicas de inversión y migración, su institucionalidad, un ámbito de libertad económica y social y una tierra de recursos naturales únicos”.
En lo que se refiere a la residencia fiscal, la nueva administración dispuso que para obtenerla el requisito patrimonial se redujo desde USD 1,7 millones en la actualidad a USD 380.000. Ese monto, en realidad, no está fijado en dólares sino en Unidades Indexadas (UI), que es una medida de valor que se ajusta por la inflación, similar a la UVA utilizada en la Argentina.
Pero el decreto presidencial también establece que además de poseer una propiedad por ese valor, la persona tiene que demostrar una presencia física en el país de al menos 60 días al año.
Tal como publicó el diario El Observador, la residencia fiscal no está acotada para aquellos extranjeros que tengan una propiedad sino que también será habilitada para quienes estén pensando en radicar un negocio.
Para este grupo, la residencia también será otorgada para aquel que invierta USD 1,6 millones -hasta ahora era casi de USD 5 millones- y generen a partir de julio de este año al menos 15 puestos de trabajo directos.
En paralelo a este decreto que pretende incrementar la cantidad de residencias fiscales para extranjeros, el oficialismo enviará al Congreso de Uruguay un proyecto de ley en donde buscará ampliar lo que en el vecino país se denomina “vacaciones fiscales” que es un beneficio para los extranjeros.
Las “vacaciones fiscales” son una exoneración por cinco años para que los extranjeros no paguen el impuesto a la Renta -algo similar al impuesto a las Ganancias de la Argentina- por los rendimientos que obtenga por los intereses de los depósitos bancarios, dividendos de acciones, bonos, obligaciones o títulos de renta fija, entre otros.
Con el proyecto de ley, la administración de Lacalle Pou busca extenderlo al doble y que las “vacaciones fiscales” se extiendan a 10 años.
Dicho de otro modo: los argentinos que tomen la residencia fiscal uruguaya, por 10 años no pagarán Impuesto a las Ganancias, ni impuesto Cedular ni Impuesto sobre los Bienes Personales.
El vecino país otorga dos tipos de residencia. La legal, que es la que reciben los extranjeros que pretenden quedarse en el país, ya sea para trabajar o por razones personales, mientras que la residencia fiscal es un concepto que establece que a la persona física residente fiscal uruguaya, a la que se le aplica el régimen impositivo local y tributará el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Según informó el diario uruguayo El País, el decreto que lleva la firma del presidente dice que “la política del Poder Ejecutivo en materia de inversiones se basa, fundamentalmente, en ofrecer al mundo un país de oportunidades”. Por ello, “se impulsa una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general, para que puedan instalarse en el Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos”.
Cuando asumió Alberto Fernández, Uruguay registró un crecimiento en las consultas para obtener la residencia fiscal. El propio presidente uruguayo había dicho que le interesaba sumar 100.000 argentinos como residentes. La estabilidad política, económica e institucional del vecino país parecía atraer a varios y, aunque hubo muchas consultas, aún no se registró un éxodo masivo.
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