El Foro de Convergencia Empresarial se sumó hoy a la casi totalidad de representaciones de empresas privadas y rechazó la medida de intervenir y la expropiación de la compañía Vicentin.
“La intervención y proyecto de expropiación de Vicentin SAIC por parte del Gobierno Nacional es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza en la Argentina. La confianza es imprescindible para promover la inversión privada, sin la que no será posible reactivar la economía y generar empleos formales”, señaló le entidad que agrupa a las cámaras empresarias más importantes del país.
A través de un comunicado, el Foro hizo referencia a que la ley de concursos dispone que, si no hay acuerdo con los acreedores, el juez puede abrir la posibilidad que un interesado se haga cargo de la empresa- Y que, a partir de esto, es el juez del concurso “el que tiene la potestad de nombrar un administrador. Ambas circunstancias no fueron tenidas en cuenta por el decreto 522/2020”.
A partir de esto, 34 cámaras y entidades empresarias reunidas en el Foro le “solicitan al Congreso de la Nación y al Poder Judicial que, dentro del marco de acción que la Constitución Nacional prevé para cada uno de ellos, actúen para revertir esta medida sumamente negativa para el futuro de Argentina”.
El Foro está integrado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación Argentina de Exportadores de Servicios (Argencon), el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la Sociedad Rural Argentina y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), entre otras entidades.
El documento del Foro se suma al que ayer hizo conocer la AEA en el que rechazó la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin. Los empresarios más importantes del país, dueños de las mayores compañías locales, expresaron su posición sobre la intervención del Gobierno en la empresa agroexportadora y su intención de expropiarla.
“La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, detalló la Asociación Empresaria Argentina.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) también manifestó la necesidad de "garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad”.
“Esto es una condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión. Ambas serán fundamentales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y el empleo”, concluyó la UIA.
En el mismo sentido, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señaló que “ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU”, así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley que se enviará al Congreso. “La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”, advirtió la entidad ruralista.
La Cámara Argentina de la Construcción señaló que, aunque hoy el sector privado necesite el apoyo del sector público, “deben cumplirse, con pleno cuidado, los procedimientos elegidos para las medidas de excepción, con respeto a las normas y a las funciones de cada uno de los poderes de la República”.
“Recientemente, el Gobierno Nacional ha decidido la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de Ley de Expropiación de la compañía al Congreso de la Nación. El Estado debe actuar con el único objetivo del bien nacional, y, aun en la emergencia, con pleno apego a la Constitución y las leyes; en particular, respetando el derecho de propiedad y la iniciativa y actividad privada", señalaron los constructores
Un párrafo especial se lo llevó el comunicado de la Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas (ACDE) que apuntó hacia uno de los argumentos que esgrimió el Poder Ejecutivo para intervenir la compañía agroexportadora al considerar que el accionar del Gobierno para con Vicentín no solo no garantiza los puestos de trabajo a futuro sino que produce un quiebre en la división de poderes garantizada por nuestra Constitución, que en el largo plazo solo contribuirá a que hayan menos inversiones y menos empleos en el sector privado”, señaló ACDE.
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