Alarma entre los productores agropecuarios que proveen a Vicentin por el proyecto de estatización de la empresa

Ayer el Gobierno nacional anunció la intervención y expropiación de Vicentin, una de las empresas con mayor presencia en la exportación agroindustrial y en otras actividades productivas, que se presentó en febrero pasado en convocatoria de acreedores.

La decisión del gobierno de Alberto Fernández provocó muchas dudas y sorpresa entre los acreedores de la empresa. En la actualidad, el total de acreedores asciende a 2.638.

Por otro lado, según informaron algunos medios de la localidad santafesina de Avellaneda, hoy las oficinas centrales de Vicentín se encuentran cerradas. Además, se aguarda la presencia del ministro de la Producción de la Nación, Matías Kulfas, y del futuro interventor de la empresa, Gabriel Delgado, en los tribunales de Reconquista, donde se tramita la convocatoria de acreedores de Vicentin.

“Estoy shockeado y muy sorprendido por el anuncio que hizo el presidente de la Nación. Habrá que esperar la implementación de la intervención y expropiación, y el temor sobre lo que sucederá de ahora en más, en el caso que se decida profundizar el intervencionismo del gobierno en la actividad agropecuaria. No hemos tenido el tiempo suficiente para analizar el Decreto del gobierno”, comentó un acreedor a Infobae.

La incertidumbre pasa por determinar cómo funcionará la intervención, hasta donde llegará la expropiación de la empresa, y cómo será la operatoria en el mercado de granos. “Habrá que ver si se expropia solamente el sector de la cerealera y aceitera, o también alcanzará a otros rubros de la empresa”, comentó un acreedor a Infobae.

Además, hay un reclamo para que la Justicia determine sobre los cuestionamientos legales que se están realizando desde la oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia que firmará en las próximas horas el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Otro de los testimonios de los acreedores que recogió este medio, señaló que desde hace tiempo había decidido no comercializar más con la empresa: “Cuando el año pasado la empresa anunció que atravesaba un momento complicado desde lo económico y financiero, avancé con la idea de no entregar más mi producción a la actual conducción de Vicentin. Hoy aguardo respuestas de la Justicia sobre la convocatoria de acreedores que se tramita en el Juzgado de Reconquista, en la provincia de Santa Fe”, aseguró.

Más críticas desde el sector agropecuario

Todo el arco dirigencial del campo salió ayer a la cuestionar el anuncio del gobierno. Desde los integrantes de la Mesa de Enlace, pasando por varias entidades ruralistas del interior, y los ex ministros de Agricultura del anterior gobierno.

En las últimas horas, los integrantes de la Sociedad Rural de Rosario, expresaron en un comunicado: “Llama la atención que el gobierno emita un decreto de necesidad y urgencia y abra paso a una intervención estatal y posterior expropiación de la empresa privada, aduciendo que está en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Por otro lado, vale la pena aclarar, que dicha empresa exporta gran parte de lo que produce no abasteciendo con sus productos y derivados al mercado alimenticio interno”.

Y agregaron: " A su vez, la fluidez de la comercialización de granos no se ha visto mermada, tal es así que a esta altura del año se ha exportado un 10% más que el año pasado, siendo ésta afectada por las limitaciones que se dieron por los incumplimientos de los protocolos comerciales. Finalmente, entendemos que los recursos de los argentinos se deben aplicar a mantener el ejercicio de la justicia, educación, atención sanitaria y el orden público".

Por último, dirigentes y productores de la Sociedad Rural de Jesús María, también se pronunciaron preocupados por la decisión del gobierno nacional. “No solo es un alzamiento contra la Ley, sino un avasallamiento a la empresa concursada. La historia nos demuestra que las expropiaciones, y todo intento similar, no dan buenos resultados, sino todo lo contrario. Estamos convencidos de que el mercado granario es lo suficiente legítimo, transparente y auditable como para requerir del Estado su intervención. No vayamos por ese camino”.

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