Empresarios y ruralistas sobre la intervención estatal en Vicentin: “Es una muy mala noticia”

La decisión de intervenir la aceitera Vicentin y enviar un proyecto de ley para expropiarla tomó por sorpresa a gran parte del mundo empresario y volvió a generar temor sobre lo que puede pasar con las compañías, en un contexto de crisis económica severa y muchísimos puestos de trabajo en riesgo.

Además, volvió a la memoria de los hombres de negocios la idea que esbozó semanas atrás la diputada oficialista Fernanda Vallejos, quien había planteado como una buena idea que el Estado haga cargo de empresas en crisis, como había sucedido en Europa y los Estados Unidos.

“Es muy preocupante. El Estado entra en un sector muy competitivo internacional que debe financiarse con bancos del mundo y debe competir con grandes empresas globales. Puede terminar muy mal. Además, sorprende porque había muchos compradores privados listos”, dijo un importante empresario de la industria aceitera.

La noticia generó sorpresa porque la compañía se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda de USD 1.350 millones, por lo que se esperaba que el proceso judicial continúe su curso. Desde la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), aseguraron que si bien comprenden la preocupación del Estado por la preservación de fuentes de trabajo, también entienden que dentro del concurso preventivo iniciado por los accionistas de la empresa, se presentaron compradores interesados que garantizaban la continuidad de la operación de la empresa.

“Por este motivo, nos sorprendió la intervención que se dio a conocer en el día de hoy. La soberanía alimentaria de nuestro país siempre ha estado garantizada, no solo por la enorme capacidad de industrialización que el conjunto de empresas asociadas a nuestra cámara han construido, sino también porque las materias primas están aseguradas a través del trabajo diario de más de 77.000 productores argentinos”, remarcó la entidad.

“Estoy un poco confundido con respecto al procedimiento porque lo usual es seguir el camino judicial. Y esto traspasa ese camino. Creo que es un caso testigo con respecto a temas que van a pasar en el futuro con empresas que, por razones de pandemia u otra situación, pueden estar en situaciones similares con gran compromiso de la fuerza laboral”, afirmó a Infobae el dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla.

“No creo que los productores estén contentos con la noticia, porque no quieren que el Estado intervenga en los mercados. Debemos seguir reclamando por la transparencia del mercado de granos”, dijo Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Por su parte, Martín Cabrales consideró que es una empresa que venía en un estado muy crítico y que el gobierno piensa en las fuentes de trabajo. “Por ahora, es una intervención. Veremos cómo sigue el proceso. Espero que no marque una tendencia, sino que sea un hecho aislado”, remarcó el empresario productor de café.

Desde la industria frigorífica y miembro del comité ejecutivo de Copal, Gustavo Lazzari, afirmó que “este intento de estatización es una pésima señal para el momento de la economía, para la industria y para los mercados". “Esto demuestra que es más fácil llegar al directorio de una compañía grande siendo militante político antes que ingeniero agrónomo. En momentos en que la economía necesita señales de retorno a la normalidad, estamos viendo señales de retorno al estatismo”. Y agregó: “Si por cada empresa endeudada y mal manejada vamos a estatizar, tendremos una fila enorme de empresas que puede caer en manos del Estado. Y el Estado es un pésimo administrador. Es un signo de retroceso”.

Ex funcionarios

Desde su cuenta de Twtter, el ex ministro de Agroindustria y actual diputado nacional por Juntos por el Cambio por Formosa, Ricardo Buryaile, comentó: “Dijeron soberanía alimentaria y estatizaron Ciccone; dijeron soberania energética y estarizaron YPF, y ahora dicen soberania alimentaria y expropiaron Vicentin”.

Por su parte, el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, aseguró en diálogo con Infobae: “Es una muy mala noticia. Primero por el método, que por Decreto se intervenga y se expropie una empresa. Y segundo, porque tenemos muy malas experiencias los argentinos, donde cada vez que el Estado se puso en empresario en todos esos casos las cosas no terminaron bien, y a la fiesta la terminamos pagando todos los argentinos”.

Desde el sector ruralista, Jorge Chemes, presidente de confederaciones Rurales argentinas, destacó: “Estamos en contra que el estado administre empresas privadas, ya que quedó demostrado que no fue eficiente. No es buenos que con la plata de nuestros impuestos se pague la deuda de Vicentin”.

Y la Sociedad Rural Argentina expresó en un comunicado que “ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU, así como eventual expropiación a través del proyecto de ley que se enviará al Congreso”.

“La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar. El Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”, destacó la entidad que preside Daniel Pelegrina.

A título personal, el empresario Miguel Blanco, de Swiss Medical y del Foro de Convergencia, planteó que su primera impresión es negativa. En primer lugar, sostuvo, la ley de convocatorias y quiebras prevé el cramdown, proceso por el cual, si no hay acuerdo con los acreedores, el juez puede abrir la posibilidad de que un interesado externo se haga cargo de la empresa. En este caso, dijo, se saltea esta posibilidad.

“En segundo lugar -agregó- los antecedentes del Estado Argentino manejando empresas productoras o comerciales donde compite con empresas privadas son totalmente negativas. La gestión estatal las torna deficitarias, las llena de empleados no necesarios y hay que asistirlas financieramente para que sobrevivan".

El dueño de Morixe, Ignacio Noel, tiene una posición más favorable al respecto. Según él, como Vicentin le debe USD 300 millones al Banco Nación, el Estado debe defender su crédito en vez de que se lo licúen y no se lo paguen. “La clave está en que la nueva gestion sea eficiente y transparente. Quizá lo mejor sería que se intervenga, se ordene la deuda y la operacion y se venda al mejor postor”, afirmó el empresario alimenticio, consultado sobre si estaba de acuerdo con la expropiación.

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