Después de otro fin de semana de reuniones internas y consultas e intercambios con los comités de bonistas, el Gobierno volverá esta semana a extender el plazo de negociación para alcanzar un acuerdo con los acreedores de USD 66.000 millones de deuda externa sujeta a restructuración.
Las posiciones ya se habían acercado durante la semana pasada, hasta reducirse de la brecha del 50% inicial entre la oferta inicial del gobierno y las contrapropuestas iniciales de los acreedores, a menos del 15% en los intercambios posteriores, pero faltan detalles técnicos y un empujón decisorio final para que las partes coincidan y recién ahí tenga sentido para el gobierno presentar una “enmienda” ante la Securities and Exchange Commision, el regulador bursátil de los EEUU, a partir de la cual se fijará un plazo para que los bonistas adhieran o rechacen la oferta.
Después del fracaso del primer intento, el próximo habrá sido largamente conversado con los acreedores más poderosos, agrupados en tres comités.
Además, en la segunda etapa Guzmán fue rodeado de política, con gestiones que siguieron tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. De este modo, el primer mandatario logró preservarlo a Guzmán, pero a la vez reducirlo a una función más técnica.
Hasta el viernes, las diferencias –medidas en el “Valor Presente Neto” (VPN) de las respectivas propuestas- eran de un precio de unos 46 o 47 centavos por dólar de la remozada propuesta oficial contra entre 53 y 55 centavos de las propuestas de los comités, que no son exactamente iguales, pues están diseñadas en función de las tenencias de bonos de cada uno.
Gestiones del ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, ante Larry Fink, el CEO de BlackRock, el administrador de fondos más grande del mundo y también el hueso más duro de roer en la actual negociación, que habría aceptado reducir un poco más sus pretensiones.
Un ejemplo claro y no muy técnico de ese toma y daca es el plazo de gracia. Guzmán trató de imponer inicialmente que la Argentina empezara a pagar a fines de 2023, lo que despejaba casi toda la gestión de Alberto Fernández.
Los acreedores replicaron ofreciendo un año de gracia. Y Guzmán contraofertó dos. Ese plazo, más que el VPN, que para un abogado y político es un concepto abstracto, tal vez interese más al presidente mientras su ministro diseña, intercambia y evalúa combinaciones de tasas, cupones, amortizaciones, “step ups”, “maturities”, “payments in kind” y otros términos extraños a la mayoría de los mortales.
Guzmán movilizó el mundo académico a través de su mentor, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en tanto en Washington el embajador ante la Casa Blanca, Jorge Argüello, y el director ejecutivo por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, trabajan en el frente burocrático-político, complementando a Guzmán y a emisarios como Galluccio.
Lo más claro de todo es que ambas partes tienen ganas de acordar. El gobierno, porque es consciente de que un default duro, temprano y solitario eliminaría del horizonte cualquier chance de recuperación de lo que es ya una situación económica crítica. Y los acreedores, porque un arreglo en torno de los 50 centavos de VPN (valuados a una tasa de descuento por cada dólar de deuda “vieja” les resultaría mucho más conveniente que el colapso del valor de sus papeles que implicaría un default duro y el horizonte largo e incierto de litigar ante los tribunales de Nueva York para extraer recursos de un Estado financieramente exangüe.
Internas
La premura también tiene que ver con las tensiones internas, como la que afloró entre el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y el ministro Guzmán, que se tomó cinco meses, durante las cuales se pagaron casi 4.000 millones de dólares en vencimientos, para pergeñar una oferta que fue masivamente rechazada, y casi un mes más desde entonces, en los que el titular del Central sigue siendo el único sostén del Tesoro y tiene que hacer contorsiones regulatorias para endurecer el cepo y evitar un desmadre del dólar que impactaría sobre la tasa de inflación más rápidamente que una emisión desaforada pero hasta ahora contenida por los diques de la recesión y las operaciones de “esterilización monetaria”.
El tiempo no para. Y la negociación tampoco, pero tiene un límite, que el gobierno extenderá por tercera vez. Y se sabe que la tercera es la vencida.
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