FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Economía argentino Martín Guzmán habla durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina 11 diciembre, 2019. REUTERS/Mariana Greif
FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Economía argentino Martín Guzmán habla durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina 11 diciembre, 2019. REUTERS/Mariana Greif

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló esta semana que la fecha del 22 de mayo fijada como límite para no caer en default va a llegar sin un acuerdo con los acreedores privados. El default, desde el punto de vista de la letra escrita de las condiciones de emisión de la deuda, se va a volver una realidad. Selectivo, “anecdótico” o de otra clase, mientras las negociaciones continúen camino a buen puerto las consecuencias del impago pueden ser menores, pero fuerzan al Gobierno a negociar a mayor velocidad y con el riesgo de una complicación judicial siempre presente.

El viernes vence el período de gracia para el pago de un vencimiento de tres bonos globales que deberían haber sido abonados originalmente el 22 de abril.

Los tres bonos en cuestión –los globales 2021, 2026 y 2046– tenían previsto para ese día pagos de intereses. Suponían desembolsos por unos USD 504 millones en total, USD 155 millones del título con vencimiento en 2021, USD 244 millones del que vence en 2026 y USD 105 millones del que fue emitido a 2046.

De no concretarse el desembolso en la tarde del viernes, se darán las condiciones para un default.

Seguramente las calificadoras que no hayan tenido una nota lo suficientemente baja como para no contemplarlo van a tener que bajar la nota o hablar de un evento de crédito, y lo seguros contra default se van a gatillar”, dijo Santiago López Alfaro de Delphos Investment. “Va a ser un default selectivo, sobre algunas series de bonos específicos y no un repudio generalizado de la deuda”, dijo.

El límite para el período de gracia coincide con la fecha límite que fijó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para que los acreedores privados tenedores de deuda ley extranjera den su respuesta a la oferta de canje lanzada en abril pasado.

La Security Exchange Commision, SEC (REUTERS/Jonathan Ernst)
La Security Exchange Commision, SEC (REUTERS/Jonathan Ernst)

Según el compromiso que tomó al presentar su oferta ante la SEC (el regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos), el lunes 25 el Tesoro deberá informar a los tenedores de deuda una de tres posibles novedades: declarar desierta la oferta, extender el plazo de su vigencia o informar el resultado con su nivel de adhesión, sea cual fuere.

El consenso entre funcionarios, analistas y operadores es que será un default asintomático. O, al menos, eso es lo que esperan. Esto es porque aunque la concreción del impago le da toda una serie de derechos de los bonistas para litigar, creen que con una conversación en marcha no es lo más conveniente para los acreedores.

Desde el momento en el que un plazo de gracia fue superado, los acreedores gozan del derecho de pedir al trustee, el Bank of New York Mellon, una aceleración de sus acreencias. No sólo los tenedores de los tres títulos que gatillan el default, sino todos aquellos que tengan bonos ley extranjera en sus manos. Para hacerlo, sin embargo, hay una traba. El pedido sólo se puede concretar si se reúne a bonistas que, en total, sumen al menos el 25% del capital de uno de esos bonos.

El más riesgoso en ese sentido es el bono en francos suizos, emitido por el equivalente a unos USD 400 millones, que vence en octubre de este año. Riesgoso porque al ser la emisión más pequeña en circulación, con apenas USD 100 millones en valor nominal –mucho menos si tenemos en cuenta que esos papeles cotizan con grandes descuentos– ya se puede pedir la aceleración.

Los bonos en francos suizos emitidos por el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo son señalados como los más riesgosos porque apenas se emitieron USD 400 millones, lo que hace muy fácil conseguir una mayoría del total
Los bonos en francos suizos emitidos por el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo son señalados como los más riesgosos porque apenas se emitieron USD 400 millones, lo que hace muy fácil conseguir una mayoría del total

Una aceleración supone volver presente todos los pagos futuros de un bono. Así, toda la deuda Argentina debería ser pagada de una sola vez. Algo inaplicable que sirve sólo como herramienta para un litigio en tribunales neoyorquinos, precisamente lo que el Gobierno argentino intenta no repetir.

“Nadie va a hacer eso”, dijo López Alfaro. “Los tres bonos que quedan impagos son bonos emitidos por el gobierno de Mauricio Macri, que son mucho más favorables para el emisor, y mientras haya una negociación el incentivo es a mantenerse en la mes, más complicado es el vencimiento de bonos del canje del 30 de junio”, agregó.

Para un ex funcionario del área económica, la aceleración es una posibilidad, pero no una catastrófica. “Es probable que algunos de los tenedores aceleren sus series, porque si las negociaciones se alargan tiene sentido ya ir avanzando en dirección de la vía legal. Pero si esos bonos después entran en el canje, acelerados o no, no hace mucha diferencia”, agregó.

Seguros contra default

El otro punto en cuestión es el de los seguros contra default, los credit default swaps o CDS, que algunos de los inversores más grandes toman para cubrirse ante impagos. Esos seguros, que cotizan en el mercado como un bono o una acción, pagan una porción del valor del título a sus tenedores en caso de que su emisor deje de pagarlos.

“Puede ser un incentivo a negociar para los bonistas. Porque en esta parte de la negociación, quienes tengan CDS tienen un incentivo a empujar a la Argentina a un default y cobrar los seguros. Una vez que ya se activaron, esa ganancia ya no está más en juego y tiene más sentido cerrar el acuerdo”, dijo el mismo ex funcionario.

Antecedentes hay. En 2012, Grecia cerró una restructuración con una reducción de deuda de aproximadamente el 50% de su PBI, los acreedores tomaron las dos opciones entraron al canje y además cobraron los CDS: unos USD 2.500 millones.

Desde el lunes, quienes estén cubiertos contra un default con esos instrumentos podrán consultar a ISDA si es que existió un “evento de crédito”. Un comité en el que participan empresas como Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JPMorgan Chase Bank y Mizuho Securities deberá determinar si lo hubo y, en caso de que la respuesta sea que sí, se activarán los seguros.

Además, también quedará la posibilidad de iniciar demandas contra la Argentina por el incumplimiento.

“El lunes mismo se puede empezar demandas o acelerar los bonos, aunque es esperable que mientras que sigan las negociaciones no haya predisposición de los acreedores con al menos el 25% de emisiones hacer esas presentaciones”, dijo el abogado Pablo Giancaterino, que representa a minoristas tenedores de deuda argentina.

“La primera demanda colectiva, una class action, por el default de 2001 no llegó de inmediato sino en marzo de 2002. La primera acción individual a final de ese año, no es necesariamente tan rápida la presentación”, agregó Giancaterino, quien también participó del juicio pari passu represetando a bonistas con tenencias menores.

“La estrategia de los fondos que negocian es agotar todas las instancias, mostrar buena voluntad y hasta respetar los parámetros de sustentabilidad del FMI. Si después la postura de la Argentina no les convence, ya van a tener tiempo de litigar”, agregó.

Según operadores, mucho dependerá de qué haya para comunicar el lunes 25 y de la manera en que se comunique. Si se logra mostrar avances y hasta conseguir que los bonistas organizados den sus propias señales públicas respecto a que e camina a un acuerdo, la posibilidad de que haya free riders moviéndose por fuera de la negociación se disminuye.

Pero ni siquiera con un acuerdo con los tres grupos de bonistas organizados la saga de la deuda llegaría a su fin. Para poder darle un punto final al tema necesita alcanzar en 21 series de bonos diferentes que el canje sea aceptado por tenedores que sumen en total entre el 65% y el 85% del capital emitido, para forzar a los que queden en una posición minoritaria a aceptar las condiciones del canje. En caso contrario, quienes no quieran aceptar el acuerdo podrán seguir litigando.

“Es para largo, y va a haber holdouts”, dijo Giancaterino.

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