El equipo económico trabaja contrarreloj para terminar de cerrar la oferta de reestructuración de la deuda emitida bajo ley extranjera, cuyos lineamientos generales fueron presentados ayer, en la quinta de Olivos, por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El objetivo del Gobierno es presentarla durante el día de hoy, al cierre de los mercados), pero no se descarta que el plazo se extienda, ya que hay muchos organismos trabajando en simultáneo para la presentación.
De cualquier manera, cuando la propuesta esté lista, se presentará ante la Securities & Exchange Commission (SEC) en los Estados Unidos y, en simultáneo, saldrá en el Boletín Oficial un decreto de necesidad de urgencia, dijeron fuentes oficiales.
La deuda a reestructurar asciende a USD 66.238 millones, pero en el organismo regulador, hasta ahora, hay autorizados USD 50.000 millones.
La propuesta deberá ser precisa, aunque luego pueda haber cambios. Tendrá que incluir el detalle de los 21 bonos a canjear, cuáles serán los nuevos títulos, los vencimientos y los intereses que devengarán. Con esta información, los acreedores contarán con los datos suficientes como para poder hacer números y analizar si aceptan o no ingresar al canje, que permanecerá abierto durante 20 días.
Durante este lapso de tiempo, que incluso podría extenderse algunos días más, el Gobierno seguirá negociando con los acreedores para acercar posiciones. Fuentes del mercado financiero aseguran que para que el canje llegue a buen puerto, hay que mejorar la propuesta, pero “si es la posición inicial, hay espacio para negociar”.
Lo que anunció ayer Guzmán es que la propuesta inicial contendrá una quita de capital del 5,4% -implica una reducción de USD 3.600 millones-; de 62% de los intereses -USD 37.900 millones- y un período de gracia de tres años, por lo que el Gobierno comenzaría a pagar recién en 2023. También dijo que ese año empezaría a abonarse un cupón promedio de 0,5% y que esas tasas crecerían hasta niveles sostenibles. El interés promedio de la propuesta, enfatizó el ministro, es de 2,33 por ciento.
“Hoy no podemos pagar y no lo podemos hacer por varios años”, aseguró Guzmán, y reconoció que aún no se ha llegado a un acuerdo con los bonistas con lo que el país. “Nos piden más ajuste fiscal, rápido y en más cantidad. Eso destruiría las oportunidades de millones de argentinos, y no lo vamos a permitir. El límite es la oferta que vamos a presentar mañana", enfatizó ayer el titular de la cartera económica.
A partir del momento en que la oferta sea presentada a la SEC, el Gobierno iniciará una negociación con los acreedores ya con los números finos sobre la mesa. Y si bien el Gobierno manifestó dureza en su discurso, nadie duda de que habrá una segunda oferta. Es normal que se presenten enmiendas al documento entregado a la SEC; y ésta no será la excepción, coinciden los expertos en reestructuraciones de deuda.
La gran pregunta es qué podría llegar a ceder Guzmán en la negociación. ¿Aparecerá el endulzante para acercar posiciones? Esa “carrot” -zanahoria en inglés- podría ser desde dinero en efectivo hasta el cupón PBI, al que el ministro hizo referencia semanas atrás y que también fue el dulce que tuvo la oferta de canje de 2005.
“Creo que los 3 años de gracia son adecuados y que una quita del 65% en intereses en más de lo deseado por los acreedores. Hay que esperar a ver cuánto será el resultado del cálculo que nos mostrará cuál será el exit yield. Si el Gobierno ofrece algún incentivo adicional (endulzante), se llegará a un acuerdo más rápido”, afirmó a Infobae el especialista en deuda soberana, Sebastián Maril.
El tiempo en el que estará abierta la oferta coincidirá con el plazo de gracia que tendrá el Gobierno para evitar caer en default. El miércoles 22 vencen USD 503 millones de cupones de los bonos globales y la Argentina no va a pagar. Pero tiene ese lapso a su favor, que el equipo económico aprovechará para seguir negociando con los acreedores.
Si no llegara a haber acuerdo, el Gobierno deberá optar entre cumplir con el pago o entrar en cesación de pagos. Pero con el riesgo de que los bonistas reclamen la aceleración del pago de sus títulos por la cláusula del cross default (cláusula de incumplimiento cruzado).
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