Una franja de adultos mayores con ingresos variables y muchos en negro esperan algún paliativo del Gobierno

En unas semanas los ministros proclamaron la asistencia a la industria, el comercio exterior y los jubilados, pero falta atender a una fracción de ciudadanos muy vulnerables. Los profesionales mayores de 60 años y menores de 65 años que brindan servicios autónomos en la Argentina. Aquellos que aún no se jubilaron pero contribuyen desde siempre para que las empresas no tengan que instalar más empleados en su nómina, pagándose la jubilación por su cuenta. ¿Qué alivio se les puede brindar a los ingenieros, abogados, contadores, licenciados, arquitectos comprendidos entre los 60 y 65 años? Porque las empresas no los contratan y la jubilación no les asiste.

No se necesita mucho presupuesto para ayudar a esa franja de trabajadores profesionales independientes. La subsistencia de un profesional autónomo siempre ha sido azarosa de por sí y, no porque la hayan elegido, sino porque desde hace 45 años no existe la suficiente creación de empleo en relación de dependencia para la cantidad de egresados de las universidades del país.

Hoy a los 45 años de edad, cuando ya se tiene una buena experiencia, si los despiden no encuentran más empleo. Compiten con nuevos egresados cuyas necesidades financieras y por lo tanto remuneraciones aceptadas, son substancialmente más bajas.

La mayoría de los profesionales que no aplicaron a monotributistas, porque no son empleados encubiertos, nunca tuvieron ni tienen asegurada la facturación. Inclusive están exigidos a hacer aportes previsionales, aunque sus años fiscales den quebranto. En la Argentina han sido muchos los que pasan por esa situación. No hay aplicación para prepagas y mucho menos financiamiento para su organización básica para poder trabajar.

Propuestas para autónomos con más de 60 años de edad

• Condonación de deudas previsionales totales o parciales para los que hayan experimentado años de quebranto.

• Plan de pago con quita, plazo y tasa de interés subsidiada a quienes hayan tenido años de facturación insuficiente.

No se le puede pedir a un trabajador de esa franja etaria en este momento de incertidumbre mundial, y más local, que el Gobierno le exija más que a sus acreedores. Si esto no se entiende, tampoco los deudores comparecerán desfilando para pagar deudas previsionales, sin dinero y sin perspectivas. Se necesitan incentivos para cuidar una nueva y seria forma de tratar a los profesionales en edad vulnerable. Hay que reconocer que se ha destratado gente muy valiosa durante décadas.

• Condonación de deuda a pymes con empleados mayores en la informalidad, para que puedan asumir el compromiso de comenzar a hacer los aportes y contribuciones, eximidos de multas.

• Refinanciación por 180 días (roll over de todas las obligaciones con vencimiento en los próximos 180 días, a una tasa nominal anual promocional de 24%) para empleadores que regularicen la situación de los trabajadores informales.

El hecho de que se exima el pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia, no resuelve los años aciagos que dejaron deudas previsionales y trabajadores a la deriva. Los que no pudieron pagar y acumularon deuda, ahora pueden menos que nunca.

• Refinanciación de saldos deudores de tarjetas de crédito, teniendo en cuenta las tasas que se estuvieron cobrando (de hasta 220% anual). Se requiere un plan de 48 cuotas al 24% anual, teniendo en cuenta la imprevisibilidad de la recuperación de la economía.

• Congelamiento de cuotas de medicina prepaga para quienes hayan abonado puntualmente durante los últimos dos años, pero que ahora temen un escenario más complejo que la franja asalariada

• Créditos de los bancos oficiales para garantizar la espera de la recuperación de las actividades en el caso de los profesionales mayores y para los se encontraban en la primera etapa de tarea como independiente en profesiones y oficios, más aún porque la suspensión de honorarios de asesoramiento es el primer recorte de una empresa en medio de las crisis, y más aún por las restricciones a la movilidad que impone la cuarentena.

• Crédito para actualización de equipamiento tecnológico (computadoras de escritorio, notebook, teléfonos celulares, etcétera).

• Promocionar la exportación de servicios profesionales. Las “facturas E”, podrían ser liquidadas con el tipo de cambio oficial, más un 30% de reembolso automático, ya que producen dólares para el país.

El autor es Profesor de Postgrado en la UBA y de Maestrías en universidades privadas. Presidente de HACER , Economista Jefe de Fecoba

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