El mundo en general y América Latina en particular enfrenta una emergencia que contagia al mercado del trabajo, por eso ahora se considera prioritario actuar de forma efectiva para reducir las secuelas en los sectores más postergados de la región.
En muchos de nuestros países la mayoría de la población está sometida a una situación impensable hace solo un par de semanas. Con el confinamiento obligatorio y medidas de restricción de movilidad se desaceleran los motores de las sociedades, y un extraño silencio se impone. Ahora ya se sabe que, más allá de las fronteras de la medicina, que se enfrentan los desafíos sin precedentes como consecuencia del impacto económico y social del Covid-19.
La desaceleración económica global junto a la expectativa de propagación de la pandemia provocará un aumento del desempleo, en particular entre los más vulnerables, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social.
En todo el mundo hasta 25 millones de personas podrían incorporarse a las filas del desempleo como causa de la pandemia, según nuevas estimaciones de la OIT, y con certeza una parte de ellos serán hombres y mujeres esta región. El estudio de la OIT también muestra que la cantidad de personas en situación de pobreza laboral podría aumentar en cerca de 35 millones, la mayoría en países de ingreso medio como los nuestros.
El Covid-19 llega cuando ya era notoria la falta de dinamismo económico en América Latina. En 2019 el crecimiento promedio fue apenas 0,1% y Cepal había previsto para 2020 un magro 1,3%. Desde la OIT se advirtió con preocupación que aumentaría el desempleo de 8,1% en 2019 a 8,4% en 2020. En números absolutos, los más de 25 millones de desempleados actuales, iban a aumentar a casi 27 millones este año.
Escenario más contractivo
En la calle la gente se pregunta con temor qué será de su empleo, las empresas desde las más pequeñas a las más grandes deben enfrentar inactividad y pérdidas, y algunos hogares quedan sin ingresos.
En medio de este escenario turbulento, existe consenso en que los impactos económicos y sociales dependerán en buena parte de la capacidad de respuesta de los gobiernos de la región que ya han anunciado medidas de emergencia, incluyendo fuertes inversiones de recursos y medidas específicas para proteger los empleos y el ingreso, conscientes de que los efectos colaterales de la enfermedad son enormes. Sin embargo, esta batalla será larga.
La primera línea de defensa se concentra en medidas sanitarias y de contención epidemiológica, como se ha visto en casi todos los países.
En el corto y mediano plazo es fundamental mantener las medidas de estímulo económico, promoción del empleo, protección a las personas y a las empresas que generan puestos de trabajo, y respeto a los derechos laborales, con el fin de mitigar las consecuencias de largo plazo. Este es un gran desafío, en especial cuando el espacio fiscal es limitado en la región.
La experiencia de políticas anticrisis acumulada desde que la contracción de 2008-2009 contiene un importante menú de opciones y sugiere una hoja de ruta para respuestas enmarcadas en tres pilares de acción que deberán considerarse como esenciales para enfrentar la crisis: proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y la demanda de mano de obra por parte de las empresas, y apoyar el empleo y los ingresos de las personas, en particular los más vulnerables.
Medidas específicas deberían incluir aumento de la cobertura y adaptación de los sistemas de seguridad social, apoyo a la protección al empleo, subsidios financieros y fiscales, incluyendo a micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras. Medidas especiales de salud y seguridad en el trabajo direccionadas en particular a los trabajadores del área de salud y otros sectores más vulnerables al contagio también deben ser consideradas.
El diálogo social que involucra a gobiernos, empleadores y trabajadores es un instrumento clave para abordar esta crisis, pues permite adoptar estrategias concertadas, en particular cuando la falta de confianza y la alta tensión social pueden ser parte de las secuelas del COVID-19. Las normas internacionales del trabajo deben servir de base para el diseño de las políticas de respuesta a esta crisis.
El deterioro de los indicadores laborales puede llevar a retrocesos en el terreno ganado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en los últimos años, justamente cuando en diversas partes de América latina surgen voces que demandan desde la calle mayores oportunidades y sobretodo más equidad.
La OIT hace un llamado a enfrentar desde este mismo momento el contagio del Covid-19 en el empleo. La acción desde el mundo del trabajo es imperativa frente a la pandemia. Hay que tratar de evitar que pase lo que un gran escritor advirtió al describir un amor en los tiempos del cólera lamentando que “la sabiduría nos llega cuando ya no sirve para nada”.
El autor es Director Regional de OIT para América Latina y el Caribe
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