En un contexto de crisis, las constructoras le reclaman al Gobierno el pago de una deuda de 35.000 millones de pesos

“La relación con la Nación es fluida, educada, pero nada más. No hay un peso y no vamos a tener nada hasta que se solucione el tema de la deuda y de que, a partir de ese momento, se presente el Presupuesto 2020. Hasta que no se apruebe eso, no vamos a tener nada”, señaló a Infobae un hombre fuerte de la industria de la construcción, sector que se encuentra casi totalmente paralizado y que en solo tres meses perdió 25.000 puestos de trabajo.

La deuda del Estado con el sector es de 35.000 millones de pesos, según cifras del sector.

A partir de eso, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) emitió un comunicado en el que reclama una solución para la crisis. El documento que emitió el Consejo Ejecutivo, con empresas asociadas de todo el país, advierte por el “estado de emergencia que atraviesa el sector hace ya dos años”.

Pero como señalan que el diálogo con el Gobierno es bueno, la entidad que reúne a las empresas constructoras de la obra pública y privada, volvieron a insistir con una nueva serie de medidas que se suma al plan para incentivar la construcción a través del desarrollo de un plan de viviendas sociales.

Las tres medidas que buscan hacer llegar a las autoridades las dividen en tres sectores. Primero, las “Medidas básicas para ordenar el sector: ampliación a toda empresa constructora de los Regímenes Fiscales y Previsionales de excepción (suspensión de toda sanción y punitorios; crédito para capital de trabajo)".

El segundo eje apunta a los contratos de obra pública vigentes. Para este segmento del negocio los empresarios están pidiendo el “establecimiento de una línea de descuento de certificados de obra pública; emisión de una Boleta de Deuda por cada crédito que no pueda ser cancelado de inmediato; neutralización de los contratos sin multas ni sanciones y reformulación de los mismos para la parte de obra pendiente de ejecución; y pago de todo crédito a favor del contratista, entre otras”.

El último grupo de medidas tiene un carácter más estructural del negocio ya que piden “incentivo fiscal a la construcción de nuevas viviendas para sectores medios; proyecto de ley que establezca que los créditos hipotecarios se actualicen por CVS para el tomador del crédito; puesta en marcha de un Plan de Construcción de Viviendas Sociales a través de los institutos de Vivienda Provincial (IPV) con recursos del Estado Nacional”.

El texto afirma que el sector “vive una situación excepcional. Los principales indicadores así lo demuestran con 67.000 empleos registrados perdidos desde marzo de 2018 (19.000 en diciembre pasado, tendencia que continuó en enero del 2020), y caída de los despachos de cemento y la venta de materiales para la construcción (el Índice Construya se desplomó 33,5% desde abril del 2018)”.

La Camarco aglutina a empresas que se dedican tanto a la construcción de obra pública como privada. En el caso de estos últimos, desde la entidad señalan que la incertidumbre en el mercado “afectó el inicio y la continuidad” de las obras privadas, ya que “las dificultades financieras y la falta de ventas afectan el fondeo de los proyectos".

De hecho, en enero del 2019 se registró el menor número de operaciones inmobiliarias de la serie estadística. Dentro del ámbito de construcción privada hay una parálisis en las inversiones industriales ante la falta de horizonte claro, restricciones cambiarias y para la remisión de utilidades al exterior.

Sectores que requieren fuertes inversiones privadas como ser la industria del gas y petróleo, particularmente el desarrollo de Vaca Muerta, energías renovables y minería se encuentran fuertemente restringidos sino paralizados a la espera de un escenario claro. La falta de presupuesto nacional para obras de vivienda social y los atrasos en los pagos de las obras públicas certificadas completan el cuadro de situación", finaliza el comunicado.

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