Ministro de Gobernación de Guatemala impulsa medidas de control telemático y restricción de beneficios a quienes porten armas ilegales

Durante una citación con diputados de la bancada VOS en el Congreso de la República, Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación de Guatemala, hizo énfasis en la necesidad de plantear un paquete de propuestas enfocadas en la seguridad ciudadana: la reforma al Código Procesal Penal para incorporar el control telemático como medida sustitutiva y la restricción de beneficios judiciales para personas capturadas por portar armas de fuego sin licencia.

Estas acciones, transmitidas oficialmente por los canales de la bancada VOS, buscan endurecer la respuesta del Estado ante delitos relacionados con armas y ofrecer alternativas legales al sistema carcelario saturado.

Villeda detalló que la sobrepoblación carcelaria representa un desafío crítico para la administración de justicia. Como respuesta, propuso modificar la normativa vigente para que el control telemático, conocido como brazalete electrónico, pueda ser utilizado como una forma legal de medida sustitutiva.

El ministro explicó a los diputados que el control telemático no está contemplado como medida sustitutiva, por eso los jueces no lo aplican, según la transmisión oficial de la bancada. Si el Congreso aprueba la reforma, las personas procesadas por delitos menores o no violentos podrán cumplir restricciones judiciales bajo monitoreo electrónico, lo que permitirá reducir el hacinamiento y reservar los centros penitenciarios para privados de libertad de alta peligrosidad.

La reforma para control telemático y las medidas contra la portación ilegal de armas marcarán la agenda de seguridad

La iniciativa prevé que quienes sean procesados por portación ilegal de armas no tengan acceso a medidas sustitutivas ni a alternativas judiciales, lo que representa un cambio respecto de los procedimientos habituales en el sistema penal guatemalteco.

Villeda afirmó que no hay ninguna razón para que personas anden en la calle con armas de fuego no registradas, resaltando el vínculo directo entre la proliferación de armas ilegales y el riesgo a la seguridad pública. De aprobarse la propuesta, los procesos penales para estos casos se mantendrán sin beneficios como libertad condicional, endureciendo la política criminal y buscando reducir los márgenes de impunidad.

En paralelo, el ministro expuso que avanza la adquisición de equipamiento especializado para la Policía Nacional Civil (PNC), prioridad destinada a reforzar la capacidad operativa frente al crimen organizado y las pandillas.

Entre los procesos en marcha mencionó la compra de autopatrullas y motocicletas, así como la negociación de 2,000 armas cortas y 800 fusiles de largo alcance.

Este equipo, según indicó Villeda, será incorporado antes de junio bajo el marco de la Ley Antipandillas, a través de procesos de compra entre gobiernos o con empresas estatales extranjeras. Las negociaciones se hacen entre gobiernos o empresas estatales en el extranjero, puntualizó el titular de Gobernación en declaraciones difundidas por la bancada VOS.

El gobierno prioriza la reducción de homicidios y proyectos de ampliación penitenciaria

Respecto a los índices de violencia, Villeda rechazó ante los legisladores que exista un aumento sostenido en los homicidios, aunque admitió que en algunos días se han registrado repuntes que influyen en la percepción de inseguridad.

Sostuvo que las estadísticas nacionales de los últimos tres meses muestran una reducción en los hechos criminales, resultado del despliegue estratégico de las fuerzas de seguridad y de operativos focalizados en áreas con mayor índice delictivo, de acuerdo a sus declaraciones oficiales.

El funcionario subrayó que el seguimiento de estos indicadores permite afinar la respuesta operativa y mantener la tendencia descendente.

Un tema pendiente de resolución señalado en la comparecencia es la construcción de la cárcel El Triunfo en Izabal, infraestructura considerada clave para ampliar la capacidad penitenciaria. La obra permanece suspendida por un amparo otorgado provisionalmente por una Sala de Izabal. Villeda manifestó su esperanza en que la Corte de Constitucionalidad resuelva en favor del Ministerio de Gobernación, permitiendo destrabar el proceso.

A la sesión legislativa asistieron, junto a Villeda, altos funcionarios del área de seguridad, como el viceministro Roberto Solórzano, la viceministra Mayda de León, el director de la PNC David Custodio Boteo y el responsable del Sistema Penitenciario Jorge López Dellachiessa. Los diputados recibieron información detallada sobre las reformas legales, los avances de modernización policial y los proyectos para enfrentar la crisis penitenciaria en Guatemala, según la transmisión oficial de la cita parlamentaria.