El Gobierno anunció la suba de retenciones a la soja con compensaciones para pequeños productores y reducciones para las economías regionales

El gobierno anunció una suba de 3 puntos porcentuales en las retenciones a la soja, que pasarán a tributar del 30% al 33%. Es el segundo incremento que el gobierno de Alberto Fernández aplica en este sentido, ya que al asumir los derechos de exportación de la soja eran del 24,5%. La decisión tuvo dos contrapesos: la aplicación de un sistema de compensaciones para aquellos productores que no hayan alcanzado las 1.000 toneladas en la campaña pasada y la reducción de las retenciones para algunas producciones de las economías regionales.

Si bien Fernández ya había sugerido la concreción de la medida durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, enfatizando que las retenciones subirían para “solamente uno entre 25 cultivos”, la decisión abre interrogantes acerca de cómo será la relación entre el Gobierno y el sector agropecuario, que tantos conflictos trajo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El presidente, entonces jefe de Gabinete, no fue ajeno a esa historia.

Las dos convocatorias del ministro de Agricultura, Luis Basterra, a las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace dieron un marco de negociación a la medida. “Hemos tenido un permanente diálogo con las entidades del campo, de manera informal algunas veces y otras de manera formal. En función de ello y con un criterio de responsabilidad fiscal, estuvimos analizando el impacto de la suba y la baja de las retenciones en todos los cultivos. Teníamos que tomar una decisión que considere: equidad social y equidad territorial, para eso la imposición que tenemos de nuestro estado fiscal es que no podemos incrementar el gasto”, señaló Basterra ayer al concluir la reunión.

Las explicaciones oficiales no alcanzaron para maquillar el malestar en las entidades. Si bien interactuaron con el gobierno bajo el paraguas de la Mesa de Enlace, cada una de ellas analiza por estas horas “el mensaje de las bases”, es decir, el reclamo de productores de diversas regiones para implementar medidas de protesta. Deberán responder a ese reclamo pero también mantener el vínculo con el gobierno.

Tras la segunda reunión con Basterra, la Mesa de Enlace transmitió en un comunicado que “ratificó su convicción de que la única manera de alcanzar el pleno desarrollo del sector agropecuario nacional, y de lograr la mayor contribución territorial y social, es eliminar los derechos de exportación a todos los productos agropecuarios. Durante la reunión, el Gobierno mencionó la posibilidad de revisar la presión fiscal con un esquema hacia la baja durante un determinado período y, a su vez, avanzar en el análisis de mecanismos por vía del impuesto a las ganancias, que compensen el efecto fiscal de los derechos de exportación”.

El comunicado también advirtió que “cada una de las entidades someterá a sus órganos de gobierno este nuevo esquema en los próximos días, luego de lo cual, la Comisión de Enlace definirá los próximos pasos y acciones a seguir”. De ese modo, dejó abierta la puerta para las protestas. Muchas entidades de menor alcance ya las han puesto en marcha. Por caso, productores del NOA y el NEA llevan adelante un cese de comercialización.

La pregunta del millón pasa por saber si las compensaciones funcionarán lo suficientemente bien como para contener a los pequeños productores. Para el economista Juan Manuel Garzón, de IERAL-Fundación Mediterránea, la instrumentación de una segmentación de las retenciones es más eficiente si se aplica una desgravación sobre una determinada cantidad de toneladas por cada productor, para luego aplicar el impuesto sobre el resto de su producción. De esa forma, la carga tributaria llega de un modo más equitativo. El gobierno eligió otro mecanismo, a su juicio “arbitrario e injusto”, que consiste en no aplicar los 3 puntos adicionales en función del rendimiento obtenido en la última campaña.

“No hay variable que se pueda asociar a la explotación agropecuaria que garantice per sé el éxito productivo o un determinado grado de rentabilidad. Por eso, a la hora de los números, la segmentación seguramente va a generar tratos arbitrarios. No se van a diferenciar correctamente las situaciones que enfrentan los productores y se puede terminar beneficiando a aquellos que les fue mejor, por razones climáticas o por otros factores.”

El esquema establecido por el gobierno, según explicó Basterra, consiste en destinar una parte de la recaudación adicional a la compensación de 3 de cada 4 productores de soja, siempre que su producción no haya superado las 1.000 toneladas en la campaña anterior. Este beneficio, según datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan el 74,2% del total. Los restantes 14.884 productores, con rindes por encima de las 1.000 toneladas, no recibirán compensación alguna.

Esta segmentación implica que quienes producen hasta 100 toneladas, tributarán una retención del 21%; entre 100 y 200 toneladas, el 24%; entre 201 y 300 toneladas, el 27%; entre 301 y 400 toneladas, el 28%; entre 401 y 500 toneladas, la retención será del 29% y entre 501 y 1.000 toneladas llegará al 30%.

El aumento de las retenciones y la compensación ofrecida por el gobierno como contrapartida, según Garzón, pone a los productores sojeros frente a “un dilema”, en particular a aquellos menos beneficiados: “Si el productor hace un análisis costo-beneficio, tiene que decidir si cobra un precio menor hoy a cambio de que, a futuro, el estado le devuelva algo. Y enfrenta el dilema de confiar o no en que ese reintegro le va a servir, si va a compensar ese precio más bajo”.

“Esa evaluación puede terminar modificando su decisión de asignar la tierra a la soja o a otro cultivo, en especial si se trata de productores ubicados en zonas de calidad más pobre, alejada de los puertos para poder exportar o con condiciones erráticas de clima”, agregó. Para el especialista, la tramitación de los reintegros, con el tiempo que requiere, puede desanimar a muchos productores pequeños y alejados de los centros urbanos.

Al mismo tiempo, consideró que la reducción de las alícuotas en algunas economías regionales (el girasol, las harinas de maíz, el sorgo, el maní, el arroz y el pescado) ayudará a impulsarlas. “Bajar impuestos siempre sirve como estímulo para la producción, siempre es una buena noticia”, dijo Garzón.

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