El Fondo Monetario Internacional, como prestamista de último recurso, ratificó que no ofrecerá un recorte de su préstamo a Argentina, a pesar del pedido de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que instó al organismo a asumir una pérdida. En tanto, el Gobierno argentino prepara su oferta a los tenedores de bonos soberanos en la que, se espera, se incluya una fuerte quita de capital para esos acreedores privados.
“Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global”, dijo la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, el domingo en una entrevista televisiva con Bloomberg.
Una misión técnica del FMI se encuentra en Buenos Aires hasta el 19 de febrero para reunirse con funcionarios de Argentina y evaluar la sostenibilidad de la deuda del país. Las conversaciones con el FMI, al que Argentina debe USD 44.000 millones, serán clave para una negociación aún mayor con los tenedores privados de bonos a fin de evitar un incumplimiento.
“Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI”, dijo Georgieva cuando se le preguntó sobre la “profunda reestructuración de la deuda” planteada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Se necesita más tiempo para obtener datos sobre la sostenibilidad de la deuda del país, dijo Georgieva. El FMI continúa respaldando al Gobierno de Alberto Fernández en sus esfuerzos para reanudar el crecimiento económico, dijo.
“En términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento”, dijo Georgieva.
El Gobierno prioriza, por razones de magnitud y agenda, la reestructuración con los acreedores privados. Es más del doble que la deuda con el FMI, y los vencimientos son cuantiosos a partir de abril, de ahí el objetivo de cerrarla el 31 de marzo. En cambio, el primer vencimiento con el FMI recae en septiembre de 2021 y las sumas más pesadas en 2022 y 2023.
El Fondo estima que la Argentina necesita hacer una “quita” de capital a los acreedores privados cercana al 20%, trato que por estatuto rechaza para sus propias acreencias.
Invoca un estatus de “acreedor privilegiado”, por actuar como “prestamista de última instancia” en situaciones de crisis, cuando se secan otras fuentes de crédito; por cobrar intereses mucho más bajos que los mercados de capital; y porque su capital se conforma con aportes de los 189 países miembros.
La Argentina es por buen margen el principal deudor del Fondo, seguido por Egipto, Ucrania, Pakistán y Grecia. Entre los cinco explican más del 77% de la cartera de deudores del organismo, pero esa cartera equivale a 15% del capital del Fondo y 10% de su “capacidad prestable total”.
La deuda argentina con el Fondo equivale al 43% de la actual cartera crediticia del organismo, al 6,5% de su capital y al 4,3% de su “capacidad prestable”, que surge de sumar a su capital líneas bilaterales de países como EEUU, Japón, China y Alemania. Estos son, precisamente, los principales accionistas, lo que se refleja en su poder de voto en el directorio de 24 “sillas” del Fondo, donde tallan fuerte EEUU y algunos países de Europa y Asia.
Según el cronograma del ministro de Economía, Martín Guzmán, en lo que queda de febrero el Gobierno debería iniciar un período de 10 días de consulta con los acreedores privados para afinar una propuesta formal de reestructuración.
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