Sectores sensibles en riesgo: advierten por presión de Brasil para acelerar la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-UE

La puesta en marcha del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es uno de los principales retos en materia de política exterior que deberá afrontar el Gobierno de Alberto Fernández.

Sucede que el acuerdo entre los bloques regionales firmado en junio del año pasado plantea interrogantes sobre los efectos concretos que tendría en la industria nacional, lo que movilizó a los empresarios pyme a advertir sobre los riesgos y la pérdida de competitividad en sectores industriales sensibles ante una apertura irrestricta. Las inquietudes también se extienden al vínculo con Brasil, principal socio comercial de Argentina y destino del 70% de las exportaciones industriales.

En cuanto a la relación comercial con Brasil, asunto que despierta gran interés y plantea incertidumbre de cara al futuro, después de que el presidente Jair Bolsonaro anticipó que firmará el acuerdo y advirtió que podría romper con el Mercosur si la Argentina se baja del pacto.

“Bolsonaro apuesta a tratados de libre comercio con otros países y dejar de lado el Mercosur -al menos desde lo verbal ya que aún no lo materializó-. En este sentido, la pregunta es cómo se va a desarrollar la relación bilateral en un contexto en el que Brasil parece mirar para otro lado”, destaca Juan Negri, analista político, docente en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Martín. “Este podría ser el principal desafío de economía política exterior de Argentina ya que dependemos mucho de Brasil como nuestro principal socio comercial”, agregó.

Por otro lado, Negri explicó a Infobae que el país vecino tiene una capacidad industrial más sofisticada que la nuestra y estaría en mejores condiciones para insertarse eventualmente en el mercado europeo.

Sin embargo, agregó: “la UE es muy exigente con el tipo de regulaciones que impone a los productos que ingresan. Tiene estándares -por ejemplo ambientales- que son más altos y que muchas empresas y actores relevantes del Mercosur no cumplen”. Por esta y otras razones, “es altamente improbable que el acuerdo entre en vigencia”, concluyó.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recibió el 22 de enero a los dirigentes de la Confederación General Empresaria (Cgera) con el objetivo de analizar el impacto de la apertura en los sectores industriales.

El secretario general de Cgera, Raúl Zylbersztein, dijo: “En la reunión nos enteramos de muchos puntos que desconocíamos. No se consultó previamente con los representantes de los sectores afectados y no se realizó ningún estudio del impacto que tendrá en las economías y cadenas de valor de la Argentina”.

Durante el encuentro, los empresarios manifestaron las dificultades y posibles riesgos en particular para los sectores industriales sensibles como calzado, textil, marroquinería y juguetes, entre otros.

Asimismo, el acuerdo establece la quita progresiva de aranceles de importación a productos europeos que en muchos casos compiten en precios con productos argentinos y que podría afectar la subsistencia de las pyme. “La UE no necesita proteger su industria por el mecanismo de aranceles, pero el Mercosur tiene tasas del 20% al 35%. Bajarlos a cero es una gran asimetría para los sectores de mano de obra intensiva”, destacó el directivo.

En esas condiciones, “habrá una absoluta diferencia de competitividad a favor de los productores europeos para ingresar al mercado latinoamericano. Ellos cuentan con políticas de subsidios, créditos y un mayor avance tecnológico”, dijo a Infobae Miguel Ponce, director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio.

Federico Moll, director de la consultora Ecolatina, sostiene que es entendible que ciertos sectores no lo vean como algo positivo ya que “un acuerdo con este tipo de características plantea la desaparición de ciertos sectores productivos locales y la pérdida de puestos de trabajo”. De esta forma, en el corto y mediano plazo habría tensiones sociales.

Sin embargo, sugiere que en términos generales “el acuerdo sería favorable ya que busca una reconversión productiva y, en el largo plazo, se estarían asignando los recursos de forma óptima lo cual implica una mayor productividad”. A su vez, supone una ganancia para el consumidor que pagaría los productos más baratos. En síntesis, asegura que es fundamental realizar un análisis detallado sector por sector para comprender cuáles serían las ganancias y las pérdidas.

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