Un grupo de acreedores le propuso a la provincia de Buenos Aires que haga un pago parcial del bono 2021 para no caer en default en ocho días

Un grupo de acreedores de la provincia de Buenos Aires le propuso al gobierno de Axel Kicillof que pague al menos una parte del capital del bono 2021 para evitar un default en ocho días.

Fuentes ligadas a la negociación indicaron a Infobae que los bonistas se comunicaron con el ministerio de Economía que lidera Pablo López para proponerle “una solución lo menos costosa posible para la provincia y para los acreedores”.

La idea sería que el gobierno provincial pague una parte del capital que venció el 26 de este mes con el objetivo de “mantener la curva actual de los bonos” y que no se derrumben los precios. Si hubiera un gesto en este sentido, los fondos de inversión acreedores aceptarían refinanciar el resto, tal como lo pidió Kicillof.

El gobernador les propuso a los acreedores de la provincia que acepten un cambio en la fecha de pago hasta el 1° de mayo, pero necesita que el 75% acepte antes de este viernes a las 13. Si no lo logra, el 6 de febrero la Provincia caería en default y los bonistas podrían reunirse en una asamblea y comenzar el proceso de aceleración de todos los bonos de la Provincia.

El lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, habría dicho en Nueva York que el porcentaje de aceptación entre los bonistas de la Provincia es mucho más bajo de lo esperado. Fuentes bonaerenses desmienten las cifras en danza.

Los acreedores mantienen el canal abierto en forma permanente porque saben que tener que pasar a default los bonos de la principal provincia argentina tampoco sería una buena opción para ellos. “Hay un diálogo permanente”, dijo una fuente del comité de acreedores.

Por su parte, públicamente Kicillof sigue mencionando la “herencia” recibida del gobierno de Cambiemos, aunque el bono 2021 fue emitido por el gobernador Daniel Scioli en 2011.

Ante la insistencia del gobierno provincial de que no tiene fondos ni para pagar una parte del vencimiento, los acreedores insisten en que la Nación debe asistir al principal distrito del país.

Pero la respuesta de la cartera que conduce Martín Guzmán es que todavía no tiene un plan concreto para renegociar la deuda.

Este desconcierto se reflejó en la disertación del lunes del ministro en el Consejo de las Américas: sin números, dejó una sensación bastante negativa entre los representantes del sector financiero. “Hubo cero nivel de detalles. Recién se están armando. Dijo que esta semana elegirán al banco, luego debería presentar lo que considera el sendero sostenible en términos fiscales y de ahí surgiría la oferta, que implicará no volver rápido a los mercados”, explicó un asistente.

Así, el Gobierno terminaría de cambiar su posición inicial “amigable” –que implicaba cerrar rápido un acuerdo para volver a endeudarse y poder reactivar la economía- a una más dura, que tendría más puntos de contacto con la estrategia desarrollada por el kirchnerismo hasta 2015.

Lo que temen los acreedores es que si el Gobierno hace una propuesta muy agresiva, habrá una venta importante de títulos públicos y, por lo tanto, mayor presión sobre el dólar no oficial y sobre los precios internos.

“Sería preocupante que el Gobierno empiece a generar tensión con los mercados y a confundir buena fe con ingenuidad. Los inversores tienen paciencia, pero quieren ver algún avance, porque la sensación predominante es que quieren proponer una oferta agresiva”, explicó otra fuente del sistema financiero.

La única definición tajante que brindó Guzmán en el Council fue repetir que buscan un sendero de sustentabilidad para repagar la deuda, cuyo significado el mercado no llega a descifrar.

Luego recordó que la Argentina tiene un problema histórico para generar dólares y que la estructura tributaria debería contribuir a mejorar ese frente. Sin embargo, admitió que en la situación de “emergencia” solo atinaron a obtener más recursos de “donde pudieron”, al rever la reforma tributaria de Cambiemos.

Bajo el amparo del control de capitales, afirmó que habrá un sendero “gradualista” para recuperar el superávit fiscal y bajar la inflación. La herramienta que se utilizará en este sentido es el Consejo Económico y Social, más que la política monetaria.

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