
El aumento decidido por el Decreto 14/2020 publicado este sábado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Alberto Fernández se pagará en dos tramos, el inicial, con el salario de enero, de 3.000 pesos, y otro de 1.000 pesos en febrero hasta completar una suma de 4.000 pesos que tendrá carácter “remunerativo", por lo que formará parte de la base de cálculo de conceptos como aguinaldo y salario básico y de los aportes de empleadores y empleados al sistema previsional, aunque tendrá excepciones para el sector pyme.
Las principales precisiones del decreto oficial, son las siguientes:
Cuánto. Se cobrarán 4.000 pesos, en dos tramos, uno inicial de 3.000 pesos, con el salario de enero, y otro de 1.000 con el de febrero. No será el valor neto que perciban los trabajadores, en tanto tendrá carácter parcialmente remunerativo. Será tenido en cuenta para el cálculo de aportes previsionales, tanto del empleador como del empleado, pero no para adicionales previstos en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo.
¿Bono o salario? No es un bono, sino que se integra al salario y deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.
“Solidario”. El aumento deberá consignarse aparte en el recibo de sueldo, bajo el título “incremento solidario”.
A cuántos empleados alcanza. La medida dispone “un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado. Obviamente, se refiere a los trabajadores formalizados, que en la Argentina son aproximadamente 6.100.000 trabajadores del sector privado “en blanco”, aunque Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL planteó la duda de si quedaban excluidos de ese universo el tercio de “no convencionados”, en cuyo caso el universo alcanzado sería de aproximadamente 4 millones de asalariados

Casos especiales. Para los asalariados que trabajen menos de las horas “legales” o “convencionales”, la suma no será exactamente de 3.000 y 1.000 pesos hasta completar 4.000, sino que será “proporcional”, de acuerdo a las pautas del convenio colectivo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales contenidas en la Ley N° 20.744 , de contrato de trabajo.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas el gobierno decidió que, siempre que cuenten con “Certificado MiPyME” vigente, no deberán pagar las contribuciones patronales con destino a la Anses, tal cual disponía la ley de Pymes 24.467, sancionada en 1995. Aquellas empresas que no tengan ese certificado, tendrán un plazo de 60 días para tramitarlo y eximirse de mencionado aporte. Las entidades civiles sin fines de lucro tendrán el mismo beneficio.
Quiénes quedan afuera. Este aumento no regirá para el Sector Público Nacional, los trabajadores bajo el Régimen de Trabajo Agrario y los empleados domésticos, sujetos del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Aunque el proyecto de decreto oficial dice que a través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y la Comisión Nacional de Trabajado de Casas Particulares “se evaluará la posibilidad de instrumentar medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores”.
La medida oficial faculta al ministerio de Trabajo a dictar las normas complementarias, y aclaratorias necesarias, que probablemente serán numerosas y serán también motivo de consulta en la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
¿Lo cobrarán los empleados estatales? No están incluidos en este decreto, pero la situación de estos empleados se resolverá la semana próxima, con otro decreto, según le dijeron a Infobae fuentes oficiales. No hay detalles aún de las cifras: se habla de 3.000 pesos.
Bour, el experto laboralista de FIEL, comparó los 4.000 pesos brutos en dos tramos contra el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que suele tomarse como referencia de distintos cálculos, incluidos los previsionales, que para diciembre (aunque todavía no fue informado oficialmente) será de aproximadamente 50.500 pesos brutos, lo que arroja un 8% de mejora promedio (6 puntos en enero y otros 2 en febrero) que serán fácilmente absorbidos en las próximas paritarias. En términos netos, se trata de un aumento de poco menos de 3.300 pesos en dos tramos.
“El sentido de esto es anticipar una parte de los aumentos, para que no queden detrás de la inflación del primer trimestre, que será de 8 a 9%”, estimó Bour. Además, agregó, sigue la lógica del aumento a jubilados, pues al ser de suma fija es porcentualmente más importante para los sectores más bajos de la escala de ingresos, "Es menos expansivo de lo que se pensaba, dijo el economista de FIEL. “El gobierno se mete, pero más respetuosamente que otras veces”.
Más ruido que nueces
El asesor laboral de empresas Julián de Diego interpretó que el decreto incluye a todos los trabajadores, convencionados o no, por lo que alcanza a gerentes y otros empleados jerárquicos. “Si lo que buscaban era mejorar la base, no necesitaban hacer esto”, señaló. El salario bruto promedio de los sectores convencionados es de $ 30.000, con lo que el primer tramo significa un aumento de 10% y el segundo 3,3 puntos porcentuales más, que serán absorbidos en las paritarias, cuya fecha varía por sector, aunque hay convenios de actualización trimestral, como Sanidad y Smata, que absorberán rápidamente el aumento. Ahí, por cierto, la “mejora de la base” sería por un tiempo muy breve.
La exclusión de los adicionales busca no recargar a sectores como camioneros, en los que el básico empequeñece ante los adicionales. El básico ahí es de cerca de 25.000 pesos, precisó de Diego, pero con los adicionales un camionero llega fácilmente a 70 u 80.000 pesos. En tanto, la “proporcionalidad” para los trabajadores con menos horas que las legales o de convenio, es una disposición de la mayoría de las medidas que tienen que ver con los salarios.
Si lo que buscaban era mejorar la base, con esto no lo lograrán. Será rápidamente absorbido por las paritarias. Es un efecto placebo, concluyó De Diego.
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