No se visualizan políticas de crecimiento de largo plazo y hay dudas sobre la reactivación

El primer dato preocupante con las medidas de emergencia es que todo lo que empieza de ese modo se transforma en permanente o casi permanente. Sin ir más lejos, la última Ley de Emergencia Económica duró 16 años. Desde el 6 de enero de 2002 hasta el 6 de enero de 2018. Por ejemplo, los tres mandatos del kirchnerismo fueron bajo emergencia económica en momentos de auge de los precios de las materias primas.

El actual Impuesto a las Ganancias nació como un impuesto de emergencia a las Rentas en la década del 30 y todavía está vigente. Es decir, llevamos 87 años de emergencia.

El IVA tuvo un aumento de emergencia en 1995 de 18% a 21%, y seguimos en emergencia. El Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, creado en 2001, también fue de emergencia y transitorio y ya llevamos 18 años de emergencia.

Con los planes sociales que lanzó Eduardo Duhalde pasó lo mismo y hoy son un dolor de cabeza y de extorsión política. En definitiva, todo lo que es emergencia en Argentina, termina siendo permanente o son emergencias que duran décadas.

Las medidas que se conocen hasta el momento de redactar esta nota, se limitan a cobrarles impuestos a unos para dárselos a otros (bienes personales, derechos de exportación, impuesto a la herencia), tratar de renegociar la deuda pública y sustituir importaciones, en este caso, en turismo. Por el momento, no se observa ninguna propuesta de crecimiento de largo plazo. Todo está concentrado en la emergencia, pero no se conocen medidas de carácter estructural.

Llama la atención el tema de la Tarjeta Alimentaria. De acuerdo a la información que trascendió, inicialmente se entregarían a 2 millones de personas y podría llegarse hasta 4 millones. El monto que se podría gastar por tarjeta varía entre $4.000 mensuales a $6.000 mensuales por tarjeta, dependiendo de la cantidad de personas que haya en la familia. Suponiendo un promedio de $5.000 mensuales, esto implica un gasto público de $10.000 millones mensuales, es decir $120.000 millones al año. Esto significa multiplicar por 24 el presupuesto para ese fin de $4.900 millones asignados al presupuesto 2020 a Tarjetas Alimentarias o multiplicar por 5,5 el presupuesto total de asistencia alimentaria previsto para el año que viene que era de $21.846 millones.

¿De dónde saldrá esa plata? Si se lograra incrementar un 28% los ingresos tributarios por derechos de exportación con las subas dispuestas, podrían financiar ese gasto. Ahora, si se quisiera llegar a 4 millones de tarjetas se debería duplicar el aumento de retenciones que estarían estableciendo, con lo cual entrarían en crisis los productores alejados de la zona núcleo. Dejarían en situación de emergencia a los productores del NOA y del NEA por citar algunos casos.

Pero faltaría financiar el aumento a los jubilados y a los empleados públicos para ponerle plata en el bolsillo a la gente y los créditos a tasa regalada. El incremento de las alícuotas al Impuesto a los Bienes Personales llegó a aportar el 0,3% del PBI en su momento de mayor alícuota y sin actualización por inflación en el mínimo no imponible.

De verificarse el nivel de recaudación mencionado por aumento de los derechos de exportación, por bienes personales ingresarían otros $96.000 millones. Actualmente Bienes Personales aporta $25.000 millones, con lo cual el incremento marginal estaría en el orden de los $76.000. De manera que se estarían transfiriendo recursos de los productores agropecuarios y quienes disponen de bienes personales por el equivalente a algo menos del 1% del PBI. No parece que ese número vaya a mover demasiado el amperímetro del nivel de actividad vía consumo interno, pero sí se tiene un alto costo en términos de confianza por el castigo a la producción y a los que tienen activos. Lo que tenemos es una transferencia de recursos de unos a otros, con lo cual no hay aumento de la demanda global. En todo caso podría ser que se consuma parte del stock de capital de quienes tienen bienes personales pagando dicho impuesto para financiar consumo. Pero en el largo plazo se agota el stock de capital para financiar consumo.

De todas maneras, el problema de fondo es cómo lograr crecer, y eso se consigue con inversiones. Aquí aparece un primer problema que es que con el cepo pueden asegurarse que se frene la salida de dólares, pero también se aseguran que no entre un dólar porque nadie va a meterse en una jaula de la cual luego no puede salir y, encima, quedar sometidos a las típicas arbitrariedades que caracterizan las políticas económicas argentinas.

Lo que parece diluirse es la ilusión de emitir para financiar aumentos de consumo para estimular la demanda interna. Al menos eso insinuó el ministro de Economía, Guzmán, en su discurso de la semana pasada.

Dado que la maquinita tiene un límite que es la baja demanda de moneda y, por lo tanto, su uso puede generar una aceleración de la inflación y que no hay acceso al crédito externo y el interno es mínimo, la única opción es continuar con una elevada carga tributaria que ahoga al sector privado y paraliza la economía.

Aclaro que el no pago de los intereses de la deuda pública no genera excedentes para estimular el consumo porque no hay superávit primario fiscal, de manera que el Gobierno puede dejar de pagar los intereses de la deuda, pero eso no quiere decir que los recursos que no destina al pago de la deuda los dispone para financiar consumo. No tiene esos recursos ni para pagar los intereses de la deuda, ni para financiar más consumo, porque antes tomaba más deuda para pagar los intereses y eso se cortó.

Si la idea era reactivar la economía vía el consumo interno mediante expansión monetaria, mi impresión es que se dieron cuenta que pueden estrellarse contra un proceso inflacionario muy agudo. Y como al mismo tiempo no hay condiciones para atraer inversiones, no veo tan claramente la posible reactivación interna y mucho menos el crecimiento de largo plazo.

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