La desarticulación de la pandilla “Los Cantorales” en el sector de El Hueco, en Torrijos Carter, vuelve a poner en el centro del debate la presión que ejercen estas estructuras en San Miguelito, el segundo distrito más grande del país y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por problemas sociales como el desempleo, la desintegración familiar, el consumo de drogas y la delincuencia.
En este contexto, las autoridades ejecutaron la operación “Territorio”, que dejó cinco personas aprehendidas, incluyendo al presunto cabecilla del grupo, conocido con el alias de “Yanka”.
El operativo fue desarrollado por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo), con el apoyo de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
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Desde la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026 se realizaron 11 diligencias de allanamiento en el área donde operaba esta estructura, considerada de alto impacto por su control territorial y su presunta participación en múltiples delitos.
Según las investigaciones, “Los Cantorales” estarían vinculados a amenazas, intercambios de disparos, robos, venta de drogas, homicidios y lesiones personales, delitos que reflejan la dinámica violenta que persiste en sectores urbanos con alta vulnerabilidad social.
La investigación se remonta a noviembre de 2025, cuando residentes del área denunciaron una serie de hechos delictivos que terminaron activando el seguimiento por parte del Ministerio Público y los estamentos de seguridad.
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Como resultado de esta acción operativa, las autoridades lograron la aprehensión de cinco presuntos integrantes del grupo, entre ellos su supuesto líder. Durante las diligencias también fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios relacionados con actividades delictivas.
El caso vuelve a exponer cómo ciertas pandillas logran afianzarse en comunidades donde las carencias sociales, la falta de oportunidades y la violencia cotidiana terminan abonando terreno para el reclutamiento de jóvenes.
El caso no es aislado. Informes recientes indican que en Panamá existen más de 180 pandillas activas, muchas de ellas funcionando como enlaces del crimen organizado transnacional.
Ese fenómeno ha tenido un impacto directo en la violencia juvenil: hasta noviembre de 2025 se reportaban cerca de 200 jóvenes asesinados, principalmente entre los 18 y 30 años, un grupo etario que suele quedar atrapado en disputas territoriales, ajustes de cuentas y dinámicas ligadas al narcotráfico y otras economías ilegales.
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San Miguelito y otras zonas urbanas como Colón han sido señaladas entre los puntos más sensibles en este escenario. Aunque Panamá sigue siendo visto como un país relativamente seguro frente a otros de la región, durante 2025 también aumentó la percepción de inseguridad y la preocupación por los homicidios ligados al crimen organizado.
Las pandillas no solo actúan como grupos barriales, sino que en muchos casos se convierten en brazos operativos para actividades como la extorsión, el microtráfico, los robos y otros delitos violentos.
Desde el punto de vista legal, la legislación panameña castiga con severidad el delito de pandillerismo. El artículo 330 del Código Penal establece que quien constituya, organice o forme parte de una pandilla puede enfrentarse a penas de cuatro a seis años de prisión. La norma también contempla sanciones más altas cuando la agrupación esté orientada a la comisión de delitos graves.
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En esos casos, las penas pueden elevarse hasta un rango de siete a catorce años, dependiendo de la finalidad y del nivel de peligrosidad atribuido a la organización.
La legislación parte de que una pandilla existe cuando tres o más personas se asocian de manera permanente con el propósito de cometer delitos, especialmente si existe algún grado de estructura jerárquica, reparto de funciones, control de territorio o uso de violencia para sostener su poder.
En el caso de los capturados durante la operación “Territorio”, se espera que en las próximas horas sean llevados ante un Tribunal de Garantías para la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y la aplicación de las respectivas medidas cautelares.
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