La provincia de Buenos Aires siguió los pasos de la administración nacional y anunció el envío a la legislatura bonaerense un paquete que incluye la emergencia social, económica, energética y productiva.
El envío del proyecto fue anunciado por la vicegobernadora, Verónica Magario, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Economía, Pablo López y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otemin.
Magario presentó el estado de situación y Bianco desarrolló con números por qué entienden la necesidad de pedir el estado de emergencia en varios sectores. “El proyecto que estamos enviando establece la emergencia en estos cuatros sectores por dos años y también la continuidad de las emergencias que vienen de la gestión anterior”.
Bianco hizo un repaso de los números de la provincia e hizo hincapié en los fondos con los que cuentan al señalar que primero dijeron que “había $ 25.000 millones, luego dijeron $33.000 millones” para luego señaló que lo que encontraron en las arcas “no alcanza para hacer frente a los pagos de $40.000 millones” y que la provincia tiene una deuda flotante de 50.000 millones de pesos. “Es una suma muy importante de recursos que necesitamos”, señaló.
El proyecto establece que se declara la emergencia “para la prestación de servicios y la ejecución de contratos a cargo del sector público provincial en los tres poderes y para todas sus dependencias". Además, ratificar la misma situación en las áreas de Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos. También declara la emergeencia “administrativa y tecnológica”.
En lo que tiene que ver con los contratos públicos, la norma de aprobarse autoriza al Ejecutivo a “disponer la renegociación y/o rescisión de contratos de obras y de bienes y servicios debido a la existencia de múltiples contratos en suspenso”. El propio Bianco hizo un recorrido de los contratos de obras públicas que se encuentra paralizados o atrasados en su ejecución y los que la administración.
Un segundo punto tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda. Luego de señalar el peso de los pagos que tiene que afrontar la administración provincial, sin dar demasiados detalles el proyecto establece que se faculte al poder Ejecutivo “a llevar adelante las gestiones y actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”.
Tarifas y moratoria
Como ya se había adelantado con el proyecto de Nación, la provincia de Buenos Aires dejaría de tener injerencia en lo referente a Edenor y Edesur. De todas formas, se repitió el freno a la suba de las tarifas eléctricas para la provincia. Consultado sobre si esto sólo era para las prestadoras en el conurbano, el jefe de gabinete de la provincia señaló que “el congelamiento de las tarifas es para todas las empresas de transporte y distribución de energía de la provincia”.
Esto significa que así como Edesur, Edenor y Edelap ya se les había anticipado que no iban a poder aumentar la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero, ahora las cooperativas que operan en las localidades del interior de la provincia tampoco lo podrán hacer.
Para la emergencia productiva propone la creación de un “programa de emergencia dirigido a las micro y pymes y pequeños y medianos productores”. Además, Arba implementará un régimen de regularización de deudas por obligaciones fiscales vencidas al 31/12/2019 .
Respecto de este punto, las empresas que se acojan al régimen de regularización “deberán mantener su dotación de personal”. Al igual que el proyecto de la Nación, establece diferente modos de pagos en donde, la moratoria propone tres variantes de pago: contado, tres cuotas sin interés y pagos hasta 120 meses con interés.
Otro punto que planteará la administración de Kicillof al Congreso provincial es la prórroga del Presupuesto 2019. “No tenemos presupuesto, no tenemos tiempo para prepararlo y la administración anterior no había empezado a hacerlo. Necesitamos herramientas para poder gestionar los próximos tres o cuatro meses hasta tener un presupuesto propio, por eso pedimos la prórroga”, explicó el ministro de Economía provincial.
Por último, la vicegobernadora Magario anunció la creación de una comisión bicameral de seguimiento de todas las emergencias y que “no debe quedar cerrado sólo a los diputados y senadores” sino que abrirse a la comunidad con la participación de instituciones. “Esto va a garantizar que esas las emergencias lleguen adonde tienen que llegar” apuntó la vicemandataria provincial.
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