El tratamiento parlamentario de ley de Presupuesto puede resultar clave en el inicio de la negociación con los acreedores. Se espera una aprobación en tiempo record.
El tratamiento parlamentario de ley de Presupuesto puede resultar clave en el inicio de la negociación con los acreedores. Se espera una aprobación en tiempo record.

Dos días después de asumir, el jueves 12, el nuevo presidente prevé enviar el proyecto de Presupuesto 2020 que, en principio, sería aprobado en tiempo récord. El texto, sobre el que trabajan sus asesores económicos de mayor confianza, Matías Kulfas, Cecilia Todesca y también Martín Abeles, irá acompañado de la ley de emergencia económica, la cual, de aprobarse, relativizaría todo lo que se vuelque en el proyecto que rige el gasto público.

Se entiende que la emergencia económica otorgaría al Poder Ejecutivo la facultad de modificar muchos de los puntos plasmados en el Presupuesto, consensuados en el Congreso. Aun así, el nuevo proyecto que envíe el gobierno de Alberto Fernández contendrá indicios clave sobre la futura política económica para todos los sectores.

Tal vez el más obvio, y de implicancia más inmediata, es el nivel de déficit fiscal que incluirá. El dato será clave para la renegociación de la deuda. De acuerdo a los cálculos y análisis de sustentabilidad que manejan bancos, fondos de inversión y asesores de otro tipo de acreedores, el límite de tolerancia fiscal es un desvío de 1% del PBI. Tal vez, como máximo, 1,2%. Cualquier cifra superior sería incompatible con la renegociación de la deuda y la promesa de pagar más adelante lo que se dejará de pagar en el corto plazo.

Nadie pide equilibrio en 2020 pero sí para los años siguientes y si el desvío es mayor que eso el año que viene, se vuelve inverosímil la promesa bajarlo hasta llegar al superávit (López Alfaro, de Delphos)

Concretamente, un desvío más cercano a 1,5% que a 1% implicaría para los acreedores que tampoco en los años siguientes se lograría el equilibrio fiscal primero y el superávit después para hacer frente a los pagos de la deuda que se comprometan en la reestructuración. Al menos en una reestructuración voluntaria. “Ningún inversor va a aceptar una oferta que implique un déficit mayor a 1,2% para el año próximo. Nadie pide equilibrio en 2020 pero sí para los años siguientes y si el desvío es mayor que eso el año que viene, se vuelve inverosímil la promesa bajarlo hasta llegar al superávit”, explicó Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investments. “Sería difícil que alguien acepte una propuesta de reestructuración en esas condiciones”, agregó.

La consultora elaboró un estudio proyectando las variables macroeconómicas bajo dos escenarios. El primero, asumiendo las condiciones actuales en materia impositiva pero incorporando algunas medidas de aumento de gastos como suba adicional de jubilaciones en diciembre, prórroga de aportes patronales para pequeñas empresas y mantenimiento del nivel de subsidios. En ese escenario, el déficit alcanzaría 2,4% del PBI.

En el otro supuesto incorporan, tal como se preanuncia en el equipo económico de Alberto Fernández, una suba de retenciones a la soja al 30% como mínimo y la marcha atrás total de la reforma tributaria realizada por el actual Gobierno. Así, el desequilibrio se reduce a 1,1% del PBI. Se trata del escenario base al que apuestan en el mercado para sentarse a discutir nuevas condiciones para el pago de la deuda.

El Congreso recibirá un nuevo proyecto de Presupuesto el próximo 12 de diciembre
El Congreso recibirá un nuevo proyecto de Presupuesto el próximo 12 de diciembre

Tarifas y jubilaciones

Pero el proyecto de Presupuesto también aportará indicios sobre otras cuestiones sensibles. Por caso, el futuro de las tarifas. Del nivel de subsidios que se asigne se podrá inferir si, eventualmente, el próximo gobierno prevé alguna clase de recomposición de las mismas -tal vez acompañando parcialmente la inflación- o si analiza un congelamiento total. De todos modos, si se mantuviera estable el nivel de subsidios, eso podría significar que el costo de un posible congelamiento lo asumirían las empresas.

El otro foco de atención del texto será los gastos indexados: jubilaciones y planes sociales. El nivel de ajuste aplicado a estas partidas dará la pauta respecto respecto de la fórmula de movilidad que se aplicará, si es que se sostiene, se modifica o, más improbable, se prevén aumentos adicionales más allá de los haberes mínimos. Pero, claro, estos últimos datos serán poco fiables ya que cualquier decisión que se tome el Congreso podría ser, en el futuro, radicalmente modificada en virtud de la nueva ley de emergencia económica que se intentaría sancionar.

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