Ni los USD 5.400 millones que debían llegar en septiembre ni los USD 1.000 millones trimestrales hasta 2021. El presidente electo, Alberto Fernández, blanqueó ayer lo que venía sugiriendo hace varias semanas: el próximo gobierno no pedirá nuevos desembolsos del FMI, pese a que todavía restaban llegar USD 13.000 millones en los próximos 18 meses. Pero este menor ingreso de dólares podría a su vez complicar la negociación con los bonistas privados.
Sin recursos frescos del FMI ni acceso al financiamiento voluntario de deuda, se vuelve todavía más difícil la reestructuración de deuda que se avecina. Las reservas netas que deja el Gobierno en el Banco Central no superarán los USD 12.000 millones, una cantidad ínfima para enfrentar los futuros vencimientos. Y los dólares del Fondo hubieran sido claves para incrementar ese volumen, pero ya hay que descartar esa opción. Por lo tanto, el margen de maniobra que tendrá el próximo gobierno es extremadamente acotado.
Aunque todavía no hay mayores detalles, el futuro gobierno tiene en agenda encarar rápido una renegociación de la deuda pública. Al Fondo le pedirán más plazo de pago a través de un nuevo acuerdo, considerando que el grueso de los vencimientos habría que pagarlos entre 2022 y 2023 (unos USD 40.000 millones).
Pero en el caso de los bonistas el planteo será más agresivo, incluyendo posiblemente quitas de capital y un largo período de gracia para el pago de intereses y posiblemente tasas de interés menores en los futuros bonos que se emitan. La consecuencia es que finalmente el impacto de la renegociación será mucho mayor que el de experiencias recientes que se mencionan de manera recurrente, como la reestructuración de deuda de Uruguay en 2003 o de Ucrania en 2015.
El riesgo país bordeando los 2.300 puntos básicos es la prueba más clara de lo que los mercados esperan: cualquier cosa menos una renegociación de deuda “amigable”. Claro que los actuales precios de los bonos no están demasiado lejos de aquellos vigentes en la quita que la Argentina hizo en 2005, por lo que el castigo podría resultar exagerado.
Un trabajo presentado por el economista Martín Guzmán en Ginebra sugirió la necesidad de plantear dos años de “gracia” para el pago de intereses. Sin embargo, muchos colegas creen que es insuficiente y que será necesario más tiempo de espera.
La otra opción para suavizar las quitas sobre los bonistas privados sería acelerar el ajuste de las cuentas públicas. Sin embargo, el futuro presidente se mostró escéptico sobre esta posibilidad. Sugirió en un comunicado ante el FMI que será difícil conseguir el equilibrio presupuestario si el país no crece. De esta forma, dejó en claro que no será una prioridad al menos para el 2020.
Sin recursos del Fondo y con un agujero fiscal considerable, las chances de pagar los vencimientos de deuda tanto en dólares como en pesos se alejan cada vez más. Una de las incógnitas que se planteó recientemente es la posibilidad de dividir en dos la reestructuración: arrancar primero con los bonos con legislación local y luego avanzar con los emitidos bajo ley neoyorkina. De esta forma, se ganaría tiempo para negociar un nuevo acuerdo con el FMI.
Algo de esto ya comenzó a esbozarse. En los últimos días, algunos referentes del equipo económico del próximo gobierno como Adrián Cosentino, quien se haría cargo de la secretaría de Finanzas, se reunieron con fondos de inversión y aseguradoras para vislumbrar la emisión de un nuevo bono en pesos a corto plazo (entre 3 y 6 meses). Así se buscaría evitar un nuevo “reperfilamiento” pero en el fondo el objetivo es el mismo: estirar los plazos de vencimiento y seguir ganando tiempo hasta ir a una renegociación más integral.
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