
Este miércoles vence el decreto que congeló por 90 días el precio de los combustibles y del barril de crudo, y el Gobierno ya tiene la decisión tomada de no prorrogarlo. De hecho, en la práctica incumplió esa norma con los dos permisos de subas que otorgó en los últimos dos meses, de 4% y 5%, para descomprimir la tensión generada con las petroleras y los gobiernos provinciales que llegó, incluso, a la Justicia.
Los empresarios están a la espera de que venza la norma para definir nuevos aumentos de precios, ya que todavía mantienen un retraso en torno al 15%, coinciden en el sector. Prefirieron no anticipar cifras, pero la expectativa es que continúen con la recomposición hasta fin de año, de modo tal de esperar la llegada del nuevo gobierno mejor parados. En diciembre, de hecho, la secretaría de Energía dispondrá un nuevo aumento de impuestos (otro 6%) que se trasladará a los surtidores, pero podría haber antes otra suba de las naftas entre 4% y 5%, dijeron fuentes de la industria.
“Vamos a esperar el descongelamiento y ahí analizar qué hacer. Pero la idea es aprovechar la ventana hasta el cambio de gobierno para achicar un poco más la brecha”, dijeron en una petrolera. Del último aumento del 5%, dispuesto a partir del 31 de octubre, casi 1% correspondió a una suba de impuestos (treparon 6%) y el otro 4% “se repartió entre los biocombustibles y las petroleras. Sería lógico que aumenten algo más para compensar a productores y refinadores y en diciembre vuelvan a ajustar el impuesto”, señalaron desde la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha).

Tras las Primarias del 11 de agosto y como consecuencia de la profundización de la crisis económica, el Gobierno decretó el congelamiento de los combustibles por tres meses teniendo como referencia los valores al 9 de agosto, con un tipo de cambio en torno a los $45. Sin embargo, se le terminó concediendo aumentos de entre 4% y 5% para apaciguar el clima de descontento con las petroleras.
Luego de 90 días, mañana vence el decreto y será YPF la que tendrá que mover primero sus fichas, como lo viene haciendo en el último año. Si la petrolera estatal avanza con un nuevo incremento antes de diciembre, el resto (Axion y Raízen) seguirá sus pasos. Si bien hubo varios aumentos en este 2019, estuvieron muy por debajo de la inflación y más aún de la devaluación. Mientras que en enero el litro de la nafta súper costaba, en Capital Federal, $ 38,60, hoy se ubica en $ 47,79, es decir que aumentó 24%, cuando el dólar subió más de 60% y la inflación se proyecta en 55% para todo el año.
El gran interrogante es qué hará el nuevo gobierno con el precio de los combustibles y del barril de petróleo, ya que trascendió de varios interlocutores la intención de potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, pero para que esto suceda las empresas necesitan que se les garantice “un precio razonable”, dicen a coro en el sector.
El congelamiento del precio de los combustibles y el barril por 90 días fue dispuesto mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, luego de no acordar con las principales empresas del sector. Si bien en un principio, el Gobierno anunció que utilizaría como base la Ley de Abastecimiento de1974, se sancionó mediante un DNU que generó una fuerte resistencia por parte del sector petrolero y de los gobiernos provinciales, que se presentaron ante la Justicia con diversos amparos. La primera firma que actuó fue Vista Oil & Gas, cuyo CEO es Gastón Remy, pero luego le siguieron las otras, que presentaron, a través de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), una demanda en reclamo de la inconstitucionalidad de la norma.
Además, todas las compañías pusieron en stand-by sus inversiones en la cuenca de petroleo y gas no convencional neuquina y están a la espera de ver cuáles son las definiciones que adopta el gobierno de Alberto Fernández en materia energética.
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