Un día después de que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentara el resultado de las finanzas públicas en septiembre, con un rojo primario de $25.368 millones, se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 847, con 181 folios, que modificó el Presupuesto 2019 para el resto del año, con un resultado, de ejecutarse plenamente hasta el 31 de diciembre, que eleva el déficit fiscal en $23.090 millones, similar al desequilibrio del último mes.
El procesamiento de los datos explicitados en el Anexo de la DA 847 permitió detectar la proyección para el resto del año de un aumento de los recursos presupuestarios en $5.118,5 millones, en contraste con el incremento de las partidas de gastos en $28.209 millones.
Algunos economistas y politólogos atribuirán semejante relajamiento del “ajuste fiscal”, a una decisión política en el último tramo de la campaña electoral, hasta el 27 de octubre.
Pero, sin excluir esa presunción, una vez más quedó de manifiesto el daño que sobre las finanzas públicas provocan la devaluación y la aceleración de la inflación, porque por un lado debilita el desempeño esperado de los recursos tributarios, al generar recesión, más aún cuando se busca compensar esos efectos con un paquete fiscal de resignación de ingresos; y por el otro, acelera los gastos indexados, como los de la Seguridad Social, jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo, principalmente.
Los principales refuerzos presupuestarios para el último trimestre de 2019, los cuales suelen aclarar en el Ministerio de Hacienda que “no necesariamente serán ejecutados”, corresponden a:
Obligaciones a cargo del Tesoro por $5.260,3 millones;
Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, Ministerio de Salud y Desarrollo Social: $5.005,2 millones;
Obras de pavimentación Plan Nacional Vial Fase I, Ministerio de Transporte: $4.143,5 millones;
Prestación de Previsión Social, Ministerio de Defensa: $3.360 millones;
Desarrollo del Plan Antártico: $2.527,1 millones;
Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad: $2.522,7 millones;
Asistencia financiera a empresas públicas, Ministerio del Interior $5.469,5 millones, a cargo del Ministerio del Interior. Aunque se compensa con un recorte de la partida aprobada para tal fin a cargo del Ministerio de Hacienda en $4.330,7 millones;
Sistema Nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos, a cargo del Poder Legislativo Nacional: $1.091,7 millones; entre otros.
Semejante dinámica del gasto público, con el consecuente efecto negativo sobre el resultado de las finanzas públicas, llevó al ministro Lacunza a destacar ayer “la importancia de bajar el déficit fiscal, para reducir la inflación, sobre todo cuando ya no se cuenta con fuentes de financiamiento interno; cae la demanda de dinero porque la población no quiere pesos; y los inversores internacionales ya no quieren renovar deuda al vencimiento y quieren cobrar en efectivo".
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