La realidad económica tiene dos caras. Por un lado, la aceleración de la inflación disparó una nueva escalada del tipo de cambio a mediados de agosto llevó al Gobierno a incrementar la partida presupuestaria general para todo 2019 en 2,7%, y la específica para las “actividades con perspectiva de género” en un 7,1%, unos $11.000 millones.

Pero a la hora de la ejecución de las partidas se observa que, mientras en el primer caso fue el porcentaje llegó al 62,9% del crédito asignado para los 12 meses -tras haber transcurrido casi el 67% del período anual- el gasto de las PPG apenas representó el 56,5%.

Las cifras se desprenden de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que, en su página de internet indica que “comenzó a trabajar en la elaboración de informes sobre los principales métodos para incluir la perspectiva de género en el ciclo presupuestario, tanto en relación al gasto como a los recursos, con el análisis particular de lo ocurrido en Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Francia, Japón y México".

Al respecto, observa el estudio: “En la Ley de Presupuesto del ejercicio 2019 ya se identificaron 23 actividades en distintos programas referidas a esta materia, a partir de la iniciativa que surgió en 2018 cuando se incorporó, como parte del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2018-2020 (PIOD) impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)”.

En la Ley de Presupuesto del ejercicio 2019 ya se identificaron 23 actividades en distintos programas referidas a esta materia, a partir de la iniciativa que surgió en 2018 cuando se incorporó, como parte del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2018-2020 (PIOD) impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres

Ejecución presupuestaria entre enero y agosto

La OPC detectó que respecto de la pauta original se ejecutaron 26 acciones presupuestarias que representan un 3,7% del gasto público asignado originalmente, pero por la aceleración de la inflación y la pérdida de poder de compra de los recursos se amplió a casi 3,9% del Presupuesto Total de la Administración Pública Nacional, se elevó a $165.304 millones, sobre un monto general global de casi $4,3 billones.

El análisis de cada partida determinó que “el gasto se encuentra concentrado en iniciativas que buscan reforzar la autonomía económica de las mujeres mediante transferencias monetarias directas y que privilegian la condición de madre de las destinatarias, como la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), representa más del 70% del PPG”.

La OPC detectó también que la dimensión “Sensibilización, Visibilización y Capacitación” en género presenta el nivel de ejecución más alto, con 64,9% de la partida asignada para todo el año, en contraposición a las dimensiones de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva, cuyo gasto devengado representó menos del 10% en el primer caso y poco más de un tercio del crédito asignado en el segundo.

“Como correlato a la fuerte concentración programática que caracteriza al gasto PPG, las erogaciones también se concentran especialmente en la Anses, organismo bajo cuya órbita se desarrollan las dos actividades PPG más importantes en términos presupuestarios: 96,4% del presupuesto PPG de 2019 para el Sistema de la Seguridad Social y AUH, mientras que, en segundo lugar, a la Secretaría de Gobierno de Salud corresponde el 2,7%. El resto (0,9%) se distribuye en 12 organismos diferentes”, precisa la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Recomendaciones para próximos Presupuestos

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso considera oportuno señalar: “puede darse el caso en que gastos orientados a reducir las brechas, no tengan un impacto significativo sobre la igualdad de género; o contrariamente, iniciativas que, sin estar diseñadas para reducir las brechas de género, impactan positivamente en éstas. En esta línea, sería importante avanzar hacia un análisis del Presupuesto que considere el impacto diferencial que las políticas tienen sobre la población. Estas evaluaciones serían insumos para el mantenimiento, redireccionamiento e incluso la eliminación de iniciativas sociales teniendo en cuenta los resultados a los que se arriba. Ese es el mecanismo de retroalimentación virtuoso de la política social, ya que la evaluación de la política ejecutada permite tener influencia sobre bel reinicio del ciclo, o sea, sobre la (re)formulación de la política, mejorando la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos”.

Y concluye: “Sería valioso incluir entre las actividades presupuestarias con perspectiva de género aquellas que tengan por objetivo cubrir la demanda de cuidado de niños y niñas y de adultos/as mayores; tareas que. en ausencia de una adecuada oferta estatal, recaen sobre las mujeres”.

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