La reducción del gasto público como porcentaje del PBI es inexorable

El ajuste fiscal que el gobierno de Mauricio Macri había comprometido en su acuerdo con el FMI, pretendía ser planeado, acordado con las provincias y discutido en el Congreso Nacional. Lamentablemente fue tardío y comenzó más con la elevación de los impuestos que con la reducción del gasto.

El resultado de las PASO y las declaraciones de Alberto Fernández llevaron a pensar a mucha gente que ya no habría ajuste fiscal, y mucho menos por reducción del gasto, independientemente de lo que pueda exigir el FMI.

Es cierto que muy probablemente no habrá ajuste fiscal planeado. Pero en ese caso, lo que cabe esperar es que se produzca, como resultado de una explosión inflacionaria, una reducción del gasto en términos reales, incluso en magnitudes mayores a las que habría requerido un ajuste fiscal planeado.

Es alta la probabilidad de que el ajuste fiscal sea brutal, incluso si ganara Macri la elección (lo que a esta altura parece poco probable). En el caso de la continuidad de Macri, las reacciones sociales contra el programa acordado con el FMI se acentuarían y el Congreso muy probablemente no le aprobaría el presupuesto ni las leyes que requiere el ajuste planeado.

Si gana Alberto Fernández, además de que no tiene planeado ajuste fiscal alguno, es muy difícil que la gente que lo llevó al gobierno vaya a admitir que sancione leyes totalmente contrarias a las que sugirió en su discurso electoral. Si lo intentara, las reacciones sociales y los conflictos políticos podrían ser, incluso, superiores a los que enfrentaría Macri.

El drama de que el ajuste fiscal se produzca por una explosión inflacionaria, es que, aún logrado como impacto inicial una cierta reducción del gasto en términos reales, no será capaz de generar superávits fiscales duraderos, porque ahora, a diferencia de lo que ocurría en 2002, las jubilaciones y las demás prestaciones sociales están fuertemente indexadas por la inflación de los trimestres precedentes. Y algo parecido ocurre con los salarios, tanto del sector privado como del sector público.

En relación a los compromisos de pago de intereses y amortización de la deuda pública durante 2020 y 2021, es muy difícil que se logre atenuar o diferir su pago a través de un re-perfilamiento que no esté precedido por la declaración de una moratoria o espera generalizada. Mientras dure esa espera y hasta que no quede bien reestructurada la deuda, el sector público no tendrá crédito, ni externo ni interno.

Todo el déficit fiscal remanente y la parte de la deuda interna que casi seguro deberá ser honrada en los plazos originales, sólo podrá financiarse con emisión monetaria. Esa deuda no es insignificante porque incluye a la que está en manos de personas humanas y a la de acreedores (tenedores de LECAPs y LETEs) que no puedan continuar con sus operaciones comerciales o industriales por habérsele atrapado su capital de trabajo, problemas que necesariamente el gobierno deberá atender.

Como mínimo, el año 2020 será otro año de estanflación, incluso más acentuada que en los años anteriores. El fantasma de la hiperinflación estará a la vuelta de la esquina. Un pacto social que quiera controlar precios y salarios, si no va precedido de un pacto parlamentario y con las provincias, que recree la posibilidad de un ajuste fiscal planeado, en el mejor de los casos, sólo actuará como un paliativo para demorar la explosión.

Inapropiada comparación con el período 2003-2007

Las múltiples referencias elogiosas a los superávits gemelos del 2003 al 2007 que llevan a pensar que Alberto Fernández podrá reeditar la recuperación económica y el crecimiento que logró el Kirchnerismo en su primer mandato, no mencionan que en el año 2002 se produjo un ajuste fiscal brutal, mucho mayor al que en forma planeada venía llevando a cabo el gobierno de De la Rúa.

Ese ajuste se logró mediante el recurso de una explosión inflacionaria. Los salarios del sector público y las jubilaciones se redujeron casi un 20 % a lo largo de 2002, adicional a la caída que se había producido por la recesión de los años anteriores. El costo de la vida aumentó un 42% provocado por la devaluación que se originó en la pesificación compulsiva de todos los depósitos en dólares.

Los salarios reales y las jubilaciones demoraron mucho en recuperarse, porque no existían mecanismos de indexación automática. Por consiguiente, el gasto público primario se redujo y se mantuvo más bajo por varios años y esto, sumado al default de todas las deudas, tanto internas como externas, redujo prácticamente a cero la factura de intereses. Obviamente, se consiguió producir un superávit fiscal que duró hasta 2007, pero se lo hizo con cuchillo de carnicero, no con bisturí de médico especialista. En 2002, el PBI cayó 10%, adicional al 15 % que ya había caído desde 1998 a 2001.

El gobierno que produjo este ajuste enfrentó fuerte oposición social, y luego de las muertes de Kosteki y Santillán, no pudo completar su mandato. Duhalde debió anunciar que no entregaría el poder el 10 de diciembre de 2003 sino el 25 de mayo de ese año. Cuando se mencionan los casos de gobiernos que no pudieron completar sus mandatos, sólo se hace referencia a los de Alfonsín y De la Rúa, pero siempre se omite decir que al de Duhalde le ocurrió lo mismo.

La reactivación y el crecimiento del período 2003-2007 no hubiera sido posible sin el ajuste fiscal brutal que le precedió. Y tampoco hubiera sido posible si las circunstancias internacionales no hubieran cambiado significativamente como lo hicieron desde mediados de 2002 en adelante. Desde 1998 hasta ese momento, el Dólar se había estado apreciando frente a todas las monedas y los precios de nuestras mercancías de exportación se habían desplomado. A mediados de 2002 el Dólar comenzó a depreciarse y nuestros precios de exportación a subir a un ritmo inédito en el pasado.