Las distribuidoras eléctricas del interior del país están en dificultades para afrontar los nuevos incrementos en los costos de la energía anunciados por el Gobierno. El presidente de la Cooperativa Eléctrica neuquina (CALF), Carlos Ciapponi, adelantó que la cooperativa —una de las más grandes del país— no abonará a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) el aumento porque no está en condiciones de trasladar ese ajuste al usuario final.
Otras distribuidoras eléctricas —que cumplen la misma función que Edenor y Edesur en la ciudad de Buenos Aires, pero en el interior del país— también evalúan tomar una decisión similar. El próximo jueves, el tema se tratará en la reunión de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas de la Argentina (FACE), que agrupa a más de 240 distribuidoras de todo el país. Uno de sus principales reclamos es contra la quita de la "tarifa social" al sector de distribución de electricidad.
Ciapponi destacó que el costo de la energía representó históricamente poco más de 30% en el presupuesto de la cooperativa pero que ahora está cerca del 70%, a lo que se suman los impuestos y tributos que se aplican en las facturas.
La CALF ya realizó una presentación judicial para que se reduzca la carga tributaria a las empresas distribuidoras. La propuesta es que el servicio eléctrico sea considerado como un servicio esencial y, por lo tanto, tenga una alícuota de IVA diferencial.
"No es habitual en absoluto que la cooperativa no realice el pago a Cammesa. Tenemos 932.000 usuarios y nunca hemos tenido deuda en ningún momento. Pero ya más ajuste no podemos hacer. Es una situación que nos pone en un lugar especial. Como producto de la emergencia eléctrica, en 2016, se comenzó con la quita de subsidios y la tarifa social, que se terminó de eliminar a partir de este año. El incremento fue de 1.700% en la energía mayorista", detalló Ciapponi.
Según estimaciones de la CALF, una vivienda de clase media baja de Neuquén que en marzo de 2016 pagaba en promedio $300, hoy por el mismo consumo está en los $5.400 mensuales.
"Hay unas 20.000 familias a las que estamos ayudando. De la tarifa social se va a hacer cargo el Gobierno provincial, pero es un sistema que hay que volver a instrumentar", agregó el presidente de CALF.
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