La devaluación y la inflación descontrolada complicaron aún más los planes de quienes pretendían acceder a una vivienda propia. Presentada con el noble objetivo de resolver esta incertidumbre que afecta a familias de todo el país, el gobierno nacional retomó el proyecto kirchnerista de ley de alquileres y propuso modificaciones para dinamizar el sector.

Sin embargo, el efecto podría ser contrario al deseado. Es que de la letra fina del proyecto surge un excesivo intervencionismo que provoca un claro desbalance que podría conducir a un descenso en la inversión inmobiliaria. Así, un instrumento que se pensó para facilitar el acceso a una vivienda podría provocar lo contrario: menos inmuebles en oferta y precios más altos.

Hay algunos indicios que respaldan esta idea.

—El proyecto amplía el plazo mínimo del contrato a tres años -actualmente es de dos-. El inquilino podrá rescindir desde el primer día pagando apenas un mes y medio de alquiler en concepto de indemnización. El propietario no goza de este derecho de terminar anticipadamente el contrato.

—Las partes deberán negociar la renovación del contrato 60 días antes de la finalización. Si no se ponen de acuerdo, el inquilino podrá rescindirlo sin penalidad alguna.

—Podrá haber ajustes semestrales del precio del alquiler siempre y cuando la inflación supere el 10% anual. Será a través de un índice combinado de precios y salarios. ¿Pero qué pasa con una inflación por debajo del 10% como tienen el 90% de los países y hacia donde apunta a llegar la Argentina? El proyecto no dice nada, por lo que se entiende que en ese caso estará prohibida la indexación, lo que provocará una pérdida para el dueño del inmueble.

—Se debilitan las garantías que deben presentar los inquilinos. Se incluye hasta la posibilidad de presentar un recibo de sueldo que decuplique el monto del alquiler. También se permiten garantías por un monto de hasta un mes de alquiler, que se devolverá ajustado al finalizar el contrato.

—Las comisiones inmobiliarias serán pagadas íntegramente por el propietario, al igual que los impuestos sobre la propiedad y las expensas extraordinarias. No solo perjudica al dueño, sino que además impulsa a evitar la intermediación de las inmobiliarias.